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El presunto caso de corrupción que rodea al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la administración pasada sugiere la posible existencia de una red coordinada a altos niveles del ente. Según información presentada por la Fiscalía ante un juez de control de garantías, las investigaciones apuntan a que Juan David Palacio, exdirector de la entidad, habría actuado siguiendo directrices de terceros en el nombramiento de subdirectoras ambientales y en la omisión deliberada de los controles exigidos por la ley 80 de 1993 en los procesos de contratación y vigilancia. La imputación no solo recae sobre Palacio, sino también sobre Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras del área Ambiental, así como sobre Juan Alberto Cardona Henao, funcionario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Los delitos imputados a estos funcionarios incluyen peculado, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. Estos señalamientos se derivan de presuntas irregularidades en la adjudicación de seis contratos celebrados entre 2020 y 2021, cuyo valor superó los 18.000 millones de pesos. El objetivo de los convenios era fortalecer la capacidad operativa de cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá, especialmente a través de capacitación y la entrega de kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, de acuerdo al ente acusador, los contratos habrían sido asignados de manera directa, sin la debida competencia ni estudios de mercado, generando sobrecostos y permitiendo el cobro de suministros no entregados por 2.481 millones de pesos.
Además, la Fiscalía sostiene que parte de estos recursos públicos desviados habría sido utilizada para apoyar la campaña política de Misael Cadavid a la Cámara de Representantes, mostrando pruebas al respecto en audiencias anteriores. Cabe destacar que este proceso judicial es una continuación de audiencias iniciadas en octubre del año anterior tras la detención de funcionarios relacionados —incluidos directivos del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y personal del AMVA—, aunque algunos recuperaron la libertad por decisión judicial ante la ausencia de riesgo para la investigación.
El representante judicial enfatizó que los actos ilegales atribuidos no podrían haberse consumado sin el aval del exdirector Palacio, indicando también la existencia de un supuesto “comité alterno” para el control de los contratos, donde se menciona la posible influencia de Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Este presunto comité, según información revelada en las primeras etapas del proceso, centralizaba decisiones clave sobre la contratación en otras entidades como Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano.
En palabras del fiscal, los funcionarios implicados habrían facilitado y ejecutado decisiones que contravinieron las normas de contratación pública colombiana, privilegiando la adjudicación “a dedo” y prescindiendo de los controles internos. Uno de los actos presuntamente cometidos por Palacio fue la supuesta orden de formatear los equipos de computo institucionales para eliminar registros y dificultar el rastreo de los hechos ilegales. Ante la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía solicitó la calificación de Grupo Delictivo Organizado (GDO), figura legal que agrava la situación judicial de los procesados.
En la audiencia realizada de forma virtual, el proceso fue suspendido a mitad de la noche para continuar el día siguiente, momento en el que la defensa y la Procuraduría interpondrán sus argumentos y los imputados decidirán si aceptan o no los cargos. Posteriormente, se decidiría la posible detención preventiva del exdirector Palacio, según la solicitud anticipada de la Fiscalía.
¿Qué implica legalmente la figura de un Grupo Delictivo Organizado (GDO)?
La solicitud de acreditar la existencia de un Grupo Delictivo Organizado (GDO) en un proceso penal colombiano tiene profundas implicaciones jurídicas. Según la Fiscalía, esto no solo agrava los delitos imputados a los acusados, sino que permite a las autoridades plantear que los hechos no fueron aislados, sino resultado de una planeación y acción concertada entre varios individuos con roles definidos.
Tal calificación conlleva penas más severas y la aplicación de mecanismos judiciales diferentes para la investigación, protección de testigos y eventual afectación de los derechos de los procesados. En contextos donde la corrupción involucra recursos públicos y decisiones administrativas trascendentales para la comunidad, reconocer como GDO a quienes participan permite investigar también las redes de apoyo —tanto políticas como funcionales— que permiten sostener sistemas ilegales desde instituciones del Estado.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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