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La problemática derivada de las licencias de construcción en Medellín ha trascendido el ámbito técnico, impactando directamente en la calidad de vida de quienes habitan la ciudad. Un creciente número de ciudadanos percibe que los permisos otorgados para nuevos edificios y urbanizaciones no contemplan adecuadamente la demanda real de parqueaderos, provocando que muchas calles residenciales terminen colapsadas por vehículos aparcados en la vía pública. Esta situación, que, según la Secretaría de Gestión y Control Territorial, se agrava porque cerca del 90 % de las construcciones en ciertas comunas se adelantan sin licencias urbanísticas, pone en evidencia la debilidad histórica en el control del crecimiento urbano.
El esfuerzo institucional reciente se ha centrado en legalizar edificaciones que se construyeron sin permiso mediante el programa de Reconocimiento de Edificaciones del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), con más de 1.000 viviendas regularizadas. Este proceso de legalización se ha convertido en una prioridad paralela al debate sobre las nuevas licencias de construcción y sobre la obligación de incorporar soluciones de aparcamiento en los proyectos residenciales actuales y futuros.
Si bien desde 2014 el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín introdujo límites estrictos al número de parqueaderos permitidos por vivienda —máximo dos por unidad habitacional— con el objetivo de desalentar el uso intensivo de automóviles y promover el transporte público, este enfoque ha tenido efectos secundarios no previstos. En barrios densamente habitados, la escasez de plazas de estacionamiento privadas ha derivado en la ocupación sistemática de la vía pública, bloqueando aceras y dificultando el tránsito de vehículos de emergencia, transporte público y servicios básicos.
La Policía Nacional hace énfasis en que tanto el funcionamiento de parqueaderos como el uso del suelo deben obedecer a reglamentaciones municipales y al Código Nacional de Policía y Convivencia, aunque la urbanización acelerada y la insuficiencia de infraestructura siguen provocando que el exceso de automóviles colonice espacios públicos.
Constantemente se observan calles donde los vehículos aparcados en ambos costados reducen la circulación a un solo carril, lo que incrementa los tiempos de desplazamiento y genera conflictos entre residentes. Según la Secretaría de Movilidad, entre enero de 2024 y marzo de 2025 se llevaron a cabo más de 13.500 operativos de control en estacionamiento, con un énfasis en la infracción de mal parqueo, aspecto neurálgico del deterioro vial.
El incremento sostenido del parque automotor, junto a la falta de soluciones integrales de estacionamiento, también ha fomentado la aparición de actores informales que cobran por parquear en calles residenciales, fenómeno que ha sido discutido en sesiones recientes del Concejo de Medellín. Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, ha propuesto incentivar la construcción de parqueaderos en altura o subterráneos, especialmente en zonas críticas, mediante alianzas público-privadas y beneficios fiscales, mientras que el Concejo plantea la actualización del POT para articular las licencias urbanísticas con metas en movilidad y calidad del espacio público.
Expertos del sector urbanístico sostienen que la actualización del POT deberá equilibrar el control del uso del automóvil con la realidad actual y futura del parque automotor, ligando obligatoriamente las licencias de construcción a estudios de impacto en movilidad y a la provisión de estacionamientos suficientes, tanto privados como públicos controlados. Aunque la Administración municipal avanza en planes como el Plan Distrital de Parqueaderos y en la integración de edificaciones regularizadas al sistema formal, los conflictos actuales en barrios de rápido crecimiento muestran que el tema requiere respuestas integrales y revisiones profundas.
Por tanto, el futuro de la vida urbana en Medellín dependerá en buena medida del éxito que tengan estas reformas para conciliar el desarrollo inmobiliario con la movilidad sostenible y la recuperación de la funcionalidad y seguridad de sus calles.
¿Por qué es relevante el Plan de Ordenamiento Territorial para solucionar la crisis de aparcamiento en Medellín?
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) establece las reglas para el desarrollo de la ciudad, condicionando desde los usos del suelo hasta la cantidad de parqueaderos permitidos en los nuevos proyectos de vivienda. Su importancia reside en que puede imponer restricciones o incentivos para el número y tipo de estacionamientos, guiando así las decisiones de los constructores y la adaptación de los barrios.
Actualizar el POT podría habilitar soluciones estructurales en el tema de aparcamiento, vinculando de manera obligatoria las licencias de construcción a la provisión de estacionamientos y a estudios de movilidad. Esto garantizaría que la expansión inmobiliaria no genere congestión ni reduzca la calidad del espacio público, sino que contribuya a lograr una Medellín más ordenada y funcional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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