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La detención y condena a cadena perpetua de Manuel Poceiro, un ciudadano estadounidense de 66 años, marca un hito en la lucha internacional contra la explotación sexual de menores en Medellín. Poceiro se convirtió en el segundo extranjero en recibir la pena máxima por delitos de abuso sexual infantil cometidos en la capital antioqueña, tras ser identificado y capturado gracias a la cooperación entre autoridades estadounidenses y colombianas. Todo comenzó cuando, durante una reunión relacionada con transacciones de narcotráfico en Estados Unidos, Poceiro exhibió en su teléfono imágenes explícitas de adolescentes colombianas, lo que despertó la alerta de un interlocutor que inmediatamente notificó a la Policía, dando inicio a una exhaustiva investigación.
Esta colaboración permitió establecer un seguimiento minucioso sobre Poceiro, confirmando que grababa los encuentros sexuales con adolescentes de entre 14 y 16 años en Medellín y otras ciudades del país. Para intentar ocultar su rastro, realizaba los pagos utilizando casas de cambio y terceros, evitando comprometerse directamente con las transferencias de dinero. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, puntualizó que Poceiro no solo viajó al extranjero con intenciones depredadoras, sino que además registró sus delitos y trató de escabullirse tras barreras geográficas y financieras.
Gracias al rastreo, las autoridades verificaron que al menos cinco menores colombianas, tres de ellas de Medellín, fueron víctimas de Poceiro. Los datos e imágenes obtenidos fortalecieron el caso, que culminó con su arresto el 2 de febrero de 2025 en el aeropuerto internacional de Miami tras un viaje desde República Dominicana. Su inclusión en la lista Angel Watch y otras bases de datos internacionales de explotadores sexuales dejó constancia de su peligrosidad a nivel global. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la condena refleja el impacto de una coordinación internacional firme y decidida en la protección de la niñez.
El caso de Poceiro no es el primero. En junio de 2025, Stefan Andrés Correa, otro ciudadano estadounidense —de ascendencia ecuatoriana—, fue sentenciado también a cadena perpetua por delitos similares. Correa, capturado cuando intentaba llegar a Medellín, portaba numerosas evidencias de abusos y comunicaciones con más de 50 menores, halladas en su teléfono móvil. El llamado de Gutiérrez a mantener una lucha “sin tregua y sin impunidad” refleja el peso de estas resoluciones judiciales en el marco de la colaboración binacional.
Como respuesta, los controles migratorios han sido reforzados significativamente tanto en Colombia como en sus puntos de entrada internacionales. En el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Migración Colombia restringió la entrada en 2025 a 72 extranjeros, principalmente provenientes de Estados Unidos, apoyándose en listados como Angel Watch y en entrevistas migratorias exhaustivas. Además, recientemente se impidió la entrada y se inició la deportación de una mujer estadounidense señalada por delitos similares, demostrando la neutralidad de los controles migratorios frente al género o la nacionalidad. La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, recalcó la importancia de la cooperación internacional y de los sistemas de información avanzados para anticipar y bloquear el acceso de individuos que suponen un riesgo para la seguridad de la infancia.
Pese a estos avances, el caso de Timothy Alan Livingston continúa pendiente. Este extranjero logró evadir el accionar de la justicia tras haber sido sorprendido en compañía de dos menores en un hotel del Parque Lleras de Medellín, aprovechando irregularidades judiciales para abandonar el país y, presuntamente, cambiar de identidad. El alcalde Gutiérrez aseguró que las instituciones colombianas y estadounidenses continúan tras su rastro, reafirmando el compromiso de llevar ante la justicia a quienes atentan contra la niñez.
¿Qué es Angel Watch y cómo funciona en la prevención de la explotación sexual infantil?
Angel Watch es un sistema internacional de monitoreo que recopila información de individuos condenados o investigados por delitos sexuales, especialmente relacionados con menores de edad. Su objetivo principal es alertar y colaborar con las autoridades de distintos países para restringir movimientos migratorios de personas consideradas peligrosas y evitar la comisión de nuevos delitos.
En la práctica, Angel Watch permite a entidades como Migración Colombia coordinarse de forma preventiva con agencias como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. Así, se refuerzan los controles en los puntos de entrada y salida, cerrando el paso a criminales que buscan refugiarse en otros países para evadir la justicia e incrementando la protección de los menores vulnerables.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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