Bula, según lo negociado, además de ser testigo clave en el caso, se comprometía a devolver cerca de 6.600 millones de pesos y aceptar su responsabilidad en varios delitos.

Para cancelar ese dinero, el excongresista ofreció una finca, ubicada en Córdoba, avaluada en 4.400 millones de pesos, pero que está en proceso de extinción de dominio, y un pagaré por 2.198 millones de pesos, explica El Espectador.

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Sin embargo, el juez segundo penal especializado de Bogotá, citado por el diario, dice que la finca no se puede usar para que Bula negocie con la justicia hasta que no se solucione la extinción de dominio.

Además, según el juez, antes de llegar a un preacuerdo, la Fiscalía debía  “haber exigido el reintegro del 50 %” del dinero, cita Semana.

De otro lado, para el juez, la pena negociada era muy poca, pues el ente acusador “excedió sus facultades” al poner a Bula como cómplice y no como autor de los delitos imputados, añade la revista.

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