Esos informes, de acuerdo con Semana, “apuntaban a la existencia de planes para crear material explosivo que sería utilizado por los manifestantes”.
Sin embargo, fueron contados los hallazgos y las capturas durante las redadas del pasado martes 19 de noviembre. Incluso uno de los pocos capturados tuvo que ser liberado este miércoles por falta de pruebas.
Según Espitia, un número no revelado de los 27 allanamientos “fueron declarados ilegales no por la no existencia de elementos fundados de juicio suficientes, sino porque no se encontraron elementos materiales de prueba suficientes que permitieran vincular los objetos o personas con eventuales conductas criminales”, citó La FM.
En el caso particular de la revista Cartel Urbano, el fiscal general encargado aseguró que se trataba de una investigación aparte que venía de tiempo atrás y no tenía que ver con las investigaciones anteriores al paro, aunque llama la atención que casualmente se hiciera el mismo día de las demás redadas.
Pese a que Espitia insistió en tratar de ponderar más la legalidad de los allanamientos al anunciar la decisión del juez, hay quienes se preguntan si este hecho no se quedará ahí y le representará consecuencias al Estado:
Atención: un juez de la República acaba de declarar ILEGALES la mayoría de los allanamientos que hizo ayer la @PoliciaColombia. ¿Las multimillonarias demandas que se harán contra el Estado quien las va a pagar? ¿El subpresidente @IvanDuque? Eso le pasa por jugar a dictador.
— Luciano Torres C (@LucianoTorresC) November 20, 2019
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