La Procuraduría solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolver pronto la situación jurídica de una excombatiente de las Farc, quien fue reclutada por esa guerrilla en 2010 cuando apenas tenía 13 años. No tiene lugar todavía, a pesar de demostrar su condición de víctima.

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“Para el Ministerio Público hay pruebas suficientes de que, luego de haber sido capturada por el Ejército durante un enfrentamiento con las extintas Farc en el que perdió una de sus manos, la adolescente resolvió dejar las armas y fue acogida por el ICBF, hasta que cumplió la mayoría de edad”, señaló la entidad.

La excombatiente, cuyo nombre omitió la Procuraduría, además, está registrada en el Comité Operativo para la Dejación de Armas, como parte del proceso de reintegración a la sociedad que adelanta la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Ha recibido asistencia psicosocial, beneficios educativos y formación para el trabajo, pero todavía no tiene espacio en la JEP.

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Asimismo, el órgano de control sostiene que la excobatiente no tiene antecedentes penales en su contra y tampoco registra sanciones o inhabilidades. Consideró que su aporte a la verdad fortalece el ejercicio de construcción de memoria histórica y permitiría demostrar el patrón criminal que ejecutaban las Farc al reclutar niños y niñas con un objetivo militar.

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“La Jurisdicción podría estar ante una víctima del conflicto armado, sujeto de especial protección (…) en cuanto que con ocasión del conflicto fue víctima de un bombardeo que le generó secuelas graves y permanentes en su cuerpo”, agregó la Procuraduría.

La JEP, por su parte, adelanta un macrocaso único sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Hasta el momento registra un universo de 18.677 víctimas de las Farc, sin embargo, la misma Jurisdicción reconoce que existe un subregistro en los casos.