La JEP instó al gobernador del departamento, Luis Pérez Gutiérrez, a Empresas Públicas de Medellín y a la fundación Socya para que entreguen esta información en un plazo de 10 días luego de que sean notificados.

“Solicitar a Luis Pérez remitir a esta Sección el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación Socya, quien a partir del contrato celebrado con EPM y con la Fiscalía General se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango”, dice la JEP.

El requerimiento parte de una solicitud de medidas cautelares que promovió el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) “que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio” colombiano en los que se sospecha pueden estar enterrados cuerpos de desaparecidos, detalló la JEP en un comunicado.

Socavación Hidroituango

Artículo relacionado

Errores en el diseño y en la construcción, entre causas de crisis de Hidroituango

Esos puntos están ubicados en Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde se indaga si hay enterradas posibles víctimas del delito de desaparición forzada durante el conflicto armado.

Específicamente en Antioquia, en donde está el proyecto Hidroituango, hay varios puntos ubicados en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío, señala la JEP.

En abril de 2018, y luego de que se exhumaran 159 cuerpos en esa zona, el Parlamento Europeo les pidió a la Fiscalía y a las autoridades antioqueñas suspender las actividades de suministro de agua en la obra, pues se sospechaba que podría haber más cuerpos allí.

Los 25 firmantes del documento en el que el Parlamento hizo la solicitud aseguraron que desde 2012 recibieron denuncias sobre “presuntas violaciones de derechos humanos contra las comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado”, que en su mayoría ocurrieron durante la “construcción de la hidroeléctrica y de las movilizaciones para protestar por los diferentes impactos” que tiene la obra en la región, decía la misiva.

Ituango

Artículo relacionado

Por sospecha de que está lleno de cadáveres, piden no llenar embalse de Ituango

No obstante, el embalse se llenó pese a que la Eurocámara advirtió que esa acción “significaría la posibilidad de que cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada pierdan la oportunidad de hallar a sus seres queridos”.

La carta también indicaba que la construcción de esta obra podría afectar los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición porque está ubicada en “una zona con presencia de fosas comunes y cuerpos dispersos por la violencia que han bajado por el río y las comunidades ribereñas han dado sepultura”.

Así las cosas, la JEP también pidió explicaciones al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre la “búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13”, y a los demás mandatarios de departamentos y poblaciones en donde se cree podría haber más víctimas (La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas); Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander); Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).