El senador Iván Cepeda, en entrevista con Mañanas Blu, explicó la diferencia entre “sometimiento” y “acogimiento”, dos términos que salieron a relucir en momentos en que se discute cuál es el mejor mecanismo para la paz total, una política del gobierno entrante, que busca negociar con las bandas criminales y grupos disidentes.

“La naturaleza de ambos verbos tiene una diferencia semántica. El primero es una obligación perentoria y el segundo es un proceso en el que hay un diálogo y un resultado. Someterse a la justicia se puede hacer hoy a través de la justicia ordinaria. Lo que nosotros proponemos es un proceso de acogimiento, con unos beneficios de carácter jurídico”, dijo.

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El senador manifestó que no se trata de otorgar solo beneficios, sino también unas obligaciones de parte de los integrantes de estas bandas. Asimismo, respondió a la pregunta sobre si, para este “acogimiento”, habría una justicia transicional: “No se ha pensado una figura de esa naturaleza. Hay opiniones al respecto, pero ahora estamos en un estudio de ese tipo de asuntos que requiere, por lo menos, un gobierno ya en funciones. Hace falta varias etapas por cumplir”.

Cepeda manifestó que en otras oportunidades los grupos armados, que hoy tienen una clara relación con el narcotráfico, han hecho intentos de dejar esta actividad si hay garantías de la justicia, aunque insistió en que no podría garantizar que esto sea un hecho.

Sobre las condiciones para que se acojan a la justicia, Cepeda explicó que debe haber verdad respecto a las víctimas y a la actuación de estas organizaciones.

“Esa verdad implica múltiples asuntos. Su funcionamiento, su relación con otras organizaciones, sus negocios y bienes ilícitos y la reparación a las víctimas”, añadió.

El senador agregó que el narcotráfico es solo uno de los factores que alimentan a estos grupos armados, por lo que manifestó que es necesario atacar a este crimen por otros medios.

“El Estado no cesará su función de reprimir el crimen, pero ese no será su único componente. Se requiere una reforma rural integral, se requiere un tratamiento distinto a las poblaciones que cultivan hoja de coca y se requiere una presencia del Estado en las regiones y no que cada vez que estalla un hecho de violencia se envía un contingente militar. Eso ha demostrado ser un fracaso”, enfatizó.

Añadió que en este proceso no se firmará un acuerdo ni se van a adoptar unas políticas: “Hay que dialogar para fijar unas condiciones, unos cronogramas, diseñar unos tiempos, unos procedimientos, pero sustancial, lo que tiene que ver con el fondo del asunto, como la extradición no están en esa mesa, en ese proceso de acercamiento o de diálogo”.

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Además, aclaró que no se trata de perdonar los delitos y que nadie ha planteado esa opción.

“No se trata de reconocerlos como actores políticos. Tiene que ver con la experiencia de, Justicia y Paz, también la JEP. Verdad, reparación y no repetición a las víctimas son derechos que pueden ser tratados con procedimientos y sanciones de orden restaurativos que no son excluyentes de penas de carácter ordinario, podría haber mezcla de ambos tipos de sanciones”, indicó.