Entre los profesionales que conforman ese equipo hay investigadores de campo, expertos ambientales, ingenieros civiles e ingenieros químicos, que revisan al detalle todos los aspectos de la hidroeléctrica, reveló la Fiscalía en un comunicado.
Esta nueva línea de investigación se enfoca en un contrato que hace parte de la hidroeléctrica Pescadero-Ituango (Hidroituango), cuyo objeto corresponde a la construcción de varios túneles para la desviación del río Cauca, precisó.
Esos túneles, precisamente, son la parte más crítica de la presa, por cuyo taponamiento el río se viene represando y ha provocado la evacuación de miles de personas en los municipios aguas debajo de Hidroituango.
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En enero pasado, la Fiscalía ya había abierto una investigación sobre presuntas irregularidades “con incidencia penal en la fase precontractual de la adjudicación del proyecto y en la celebración de los contratos”, así como en los procesos de diseño, construcción y ejecución de la obra y sus adiciones a través de otrosíes, agrega el despacho oficial.
“Hay indicios que dan cuenta por las evidencias recaudadas, y así se hizo de conocimiento público, de que habría pagos en el proceso de contratación de esa represa”, dijo el Fiscal, Néstor Humberto Martínez, citado por Caracol Radio.
Martínez dijo que también se habrían presentado irregularidades en la adjudicación de los contratos para la construcción de los túneles para desviar las aguas del río Cauca y para habilitar vías de acceso.
Habló de “un segundo contrato de desviación del río Cauca que tiene que ver también con los túneles de la presa, y un tercer contrato que es relacionado con las vías de acceso. Esta investigación avanza por muy buen camino”.
La Fiscalía recuerda en el boletín que el proceso de contratación culminó con la adjudicación del contrato de obra pública de construcción de la presa, la central de máquinas y varias obras asociadas al mismo, al Consorcio CCC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto, en desarrollo del proyecto.
“Dentro de la investigación se ha establecido que en la ejecución del contrato se incluye la construcción del túnel del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD), hoy afectado”, agrega.
A las dos líneas de investigación anteriores a Hidroituango se suma otra que adelanta el ente acusador desde febrero de 2017 al mismo proyecto con ocasión de las denuncias presentadas por el movimiento Ríos Vivos, que dan cuenta de posibles afectaciones al medio ambiente. Este proceso avanza en la Dirección Especializada de Derechos Humanos.
Así, la lupa de la Fiscalía recorre el proyecto desde la contratación y adjudicación de las obras, hasta la confirmación de un posible daño ambiental ocurrido en la zona donde se encuentra la represa.
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