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La Gobernación de Caldas ha puesto en evidencia una preocupante situación ambiental: la invasión y uso ilegal de predios protegidos adquiridos con fondos públicos, gestionados bajo estrictas directrices ecológicas. Estos terrenos, localizados en municipios como Herveo (Tolima), Marulanda, Supía, Apía y Riosucio (Caldas), desempeñan un papel crucial en la protección de microcuencas y la garantía del suministro de agua a diversas comunidades. Según informó el diario La Patria, pese a que la ley establece la inalienabilidad e imprescriptibilidad de estas áreas, se han identificado actividades prohibidas como cultivos, ganadería intensiva y la construcción de viviendas, generando daños significativos en los ecosistemas estratégicos de la zona.
La secretaria de Medio Ambiente, Paola Andrea Loaiza Cruz, resaltó ante La Patria que estos terrenos cumplen una función ecológica insustituible. Su adecuada preservación es vital para mantener la regulación hídrica de la región y asegurar el bienestar de las comunidades locales. La ocupación ilegal supone una doble amenaza: tanto para la integridad de los ecosistemas como para la continuidad del acceso al agua, ya que estas acciones alteran gravemente los procesos naturales y reducen la capacidad de los predios para cumplir su misión ambiental.
Las intervenciones ilícitas detectadas ilustran distintos problemas a nivel local. En Riosucio, por ejemplo, fueron reportados cambios ilegales en el uso del suelo: lo que era bosque protegido ha sido convertido en zonas agrícolas o de ganadería intensiva, acompañados de edificaciones y viviendas irregulares. En Supía se han registrado quemas intencionales, apertura de senderos para ganado y siembra ilegal de pastos, lo cual fomenta aún más la fragmentación y degradación ambiental. La gobernación atribuye la proliferación de estos casos al desconocimiento de la normativa ambiental, el abandono estructural de los predios y la falta de señalización que deje clara su condición legal, aspectos subrayados en artículo de La Patria.
Según información de la oficina de Bienes de la Gobernación, muchos de estos predios carecen de cercas o vigilancia constante, pero eso no implica que estén desocupados o disponibles para ser apropiados. Por el contrario, la ley obliga a mantenerlos libres de actividad humana, y las ocupaciones derivan en procesos legales, demolición de construcciones irregulares y eliminación de cultivos ilícitos. Sandra Marcela Blandón Peralta, jefa de dicha oficina, insistió en la importancia de informar a la ciudadanía para evitar fraudes por parte de quienes buscan vender predios públicos ilegalmente.
El problema no es aislado: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señala que la deforestación y la invasión de tierras protegidas afectan gran parte de las cuencas hidrográficas nacionales. La Red Nacional de Monitoreo Ambiental ha demostrado que la ganadería extensiva y la agricultura no regulada generan cerca del 60% de la pérdida de cobertura vegetal en zonas clave, lo que afecta gravemente la regulación hídrica y la calidad del agua, citado por el IDEAM en 2024.
La situación es aún más crítica ante el contexto global de cambio climático. La bióloga Claudia Martínez, de la Universidad Nacional, advierte en una entrevista recogida por esa entidad en 2025 sobre la urgencia de recuperar y proteger estos espacios ambientales, indispensables para mantener la resiliencia hídrica y enfrentar la inestabilidad climática. Para Martínez, los sistemas de protección ambiental y manejo comunitario resultan esenciales como estrategia sostenible de largo plazo.
Frente a este desafío, expertos y autoridades coinciden en que, además de medidas de control y vigilancia, es crucial emprender campañas educativas enfocadas en el conocimiento de la ley y la importancia de las áreas protegidas. Según el Instituto de Investigación Ambiental (IIAP), la falta de información constituye uno de los principales factores que permite la invasión de predios protegidos. Por ello, la Gobernación ha reforzado la apertura de canales formales de denuncia y orientación, facilitando el contacto directo de los ciudadanos con la Secretaría de Medio Ambiente y la Oficina de Bienes Inmuebles.
En última instancia, la invasión a predios protegidos refleja desafíos estructurales complejos que entrelazan dimensiones legales, sociales y ecológicas. Su superación demanda no solo la intervención de las autoridades, sino la participación activa de la comunidad, el fortalecimiento institucional y la educación ambiental que asegure la conservación de los recursos hídricos, condición fundamental para el desarrollo sostenible y la vida digna en la región.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué significa que un predio sea inalienable e imprescriptible?
La inalienabilidad e imprescriptibilidad son principios legales que impiden que un bien público, como los predios protegidos descritos, sea vendido, transferido a título privado o adquirido mediante ocupación prolongada. Este estatus otorga máxima protección jurídica, impidiendo que terceros se apropien o trafiquen con estas tierras. Según la oficina de Bienes de la Gobernación, cualquier intento de venta o uso privado de estas áreas es ilegal, y debe ser denunciado y sancionado por las autoridades competentes. Estas garantías existen para asegurar la destinación exclusiva de estos predios a la conservación ambiental y el beneficio colectivo. Que sean inalienables e imprescriptibles significa que, sin excepción, deben seguir siendo propiedad pública y cumplir funciones asociadas a la protección de recursos hídricos, biodiversidad o servicios ecosistémicos esenciales.
¿Cuáles son las principales consecuencias ambientales de invadir zonas de microcuencas protegidas?
La invasión ilegal de microcuencas protegidas interrumpe el equilibrio natural de los ecosistemas, poniendo en riesgo la regulación del ciclo del agua, la recarga de acuíferos y la provisión de agua limpia para las comunidades. Como resalta la Red Nacional de Monitoreo Ambiental, actividades agrícolas y ganaderas fuera de control suelen generar deforestación, erosión y degradación del suelo, lo que reduce la capacidad de los sistemas naturales para absorber, filtrar y almacenar agua. Esta degradación, además, impacta la biodiversidad local, pues altera los hábitats de especies endémicas y migratorias, generando pérdida de flora y fauna esenciales. A mediano y largo plazo, estos daños pueden traducirse en escasez de agua, disminución de la calidad de vida y mayores riesgos frente a fenómenos como sequías o inundaciones, especialmente bajo el actual contexto de cambio climático global.
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