Una de ellas es una lujosa mansión ubicada en el sector del Poblado, avaluada en un valor cercano a los 2.000 millones de pesos.
También incautaron tres lujosos hoteles, dos ubicados en el municipio de La Pintada, y otro en Valparaíso, pertenecientes al vicecontralor que no ha sido capturado aún, pero que tiene una orden de arresto en su contra, señaló Noticias Caracol.
Sumado a esto, las autoridades policiales de Antioquia descubrieron al menos 4 apartamentos, unos condominios y vehículos de alta gama propiedad de los funcionarios. Todas las propiedades suman alrededor de 13 mil millones de pesos en el marco del escándalo de corrupción que hoy sacude a ese departamento.
Pero ahí no queda todo. Semana describe a Zuluaga como un hombre aficionado a la moda, a vestidos costosos y con lujos; además, también menciona con más detalle los bienes que también describió el noticiero, particularmente en una vivienda de lujo que construyó.
El contralor “construyó esta vivienda en la Urbanización Olivares usando dos lotes; tumbó las casas existentes propiedad de un minero ilegal. La mansión está avaluada, con lotes y logística inmobiliaria, en 2 millones de dólares. Después de levantar la construcción se tomó ilegalmente 1.500 metros del lote del edificio Space, alegando seguridad, y montó una huerta con un vecino”, describe Semana.
Zuluaga fue capturado esta semana porque conformaría una red ilegal junto con otros tres funcionarios. “Cambiaban los hallazgos en las auditorías por dádivas que consistían en dinero, en contratación, en puestos en algunas organizaciones del departamento”, explicó a medios Claudia Carrasquilla, directora nacional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana.
Con ellos, fueron detenidos otros tres alcaldes que habrían pagado para modificar u omitir los resultados originales que revelarían irregularidades en las auditorías de millonarios contratos. Además, hay órdenes de captura que no se han hecho efectivas como la del actual vicecontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, quien se encuentra fuera del país.
Estas personas deben responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, celebración indebida de contratos, celebración de contratos sin los requisitos legales y tráfico de influencias, explicó la Fiscalía.
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