La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único órgano que puede investigar a un mandatario en Colombia, retomó este lunes la investigación que adelanta contra el presidente Gustavo Petro por la posible financiación ilegal de su campaña electoral y por superar el tope de gastos de campaña.
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Este martes, la defensa del jefe de Estado solicitó archivar esas investigaciones por falta de pruebas. “En la diligencia de ratificación de denuncias […] sin excepción, todos los denunciantes afirmaron que no les constaba nada de manera directa y concreta, salvo lo que habían oído en medios periodísticos”, dice la solicitud.
El presidente Gustavo Petro reprodujo en su cuenta de X (antes Twitter) el comunicado de la defensa, con un comentario sobre el que no hay que hacer mucho esfuerzo para inferir que con las palabras “páginas” y “tinta” hace alusión inequívoca a los medios de comunicación.
Cuantas páginas, tinta y energía han volcado contra mi para esto: pic.twitter.com/p4InMu4Iso
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2023
Si bien, como dice la defensa, “todos los denunciantes afirmaron que no les constaba nada de manera directa y concreta, salvo lo que habían oído en medios periodísticos”, eso no significa que no se hubiera podido presentar una irregularidad en la campaña, máxime si se tiene en cuenta que las serias acusaciones contra la campaña no surgieron, en principio, de los medios de comunicación, sino del círculo más cercano del presidente.
En otras palabras, la defensa de Petro aprovechó —como le corresponde— el papayazo que le dieron los denunciantes del presidente, básicamente congresistas, que no aportaron más pruebas y algunos hasta se volvieron un manojo de nervios durante sus respuestas en la Comisión de Acusaciones. Eso, técnicamente, podría darle la razón a la defensa sobre estos denunciantes.
Pero es a esos denunciantes a los que se refiere la defensa de Petro, y no a las explosivas informaciones periodísticas que derivaron de los escándalos que surgieron en dos pelas claves: la de la ex jefa de gabinete Laura Sarabia y el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, y la de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, y su expareja Daysuris Vásquez.
Como es habitual, Petro en su trino mezcla dos cosas diferentes: lo que se quedaría sin sustento es la investigación en la Comisión de Acusaciones, pero lo que se afirmó con muchas “páginas” y “tinta” a raíz de lo que dijeron Benedetti, Petro Burgos y Vásquez en relación con el ingreso ilegal de dineros a la campaña presidencial sigue siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía.
Precisamente, hay que esperar a que se sigan desplegando la pruebas y al resultado de las investigaciones de la Fiscalía, que ha asegurado que tiene cómo probar que Petro Burgos tuvo unos ingresos que no ha podido justificar, además de lo que ha dicho su expareja Vásquez de aporte de supuestas pruebas documentales que probarían ese enriquecimiento ilícito que también apuntaría a un ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial.
Por otro lado, no se puede echar al olvido que han sido las investigaciones periodísticas las que han destapado los peores escándalos de corrupción en el país. Un listado desordenado incluye, entre muchos otros, la pérdida, en el gobierno de Iván Duque, de 70.000 millones de pesos que pagó el Ministerio de las TIC como adelanto de un contrato que buscaba conectar a internet a colegios que viven en zonas rurales de 15 departamentos.
Pero también, en el gobierno de Juan Manuel Santos, la prensa desatapó los privilegios que disfrutaban militares presos en la base de Tolemaida, condenados por crímenes de lesa humanidad, y vivían con todo tipo de gabelas y hasta salían de la unidad militar. O el caso de la existencia del ‘hacker’ Sepúlveda en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático; o la entrada de alias ‘Job’, el asesor del paramilitar alias ‘Don Berna’, a la Casa de Nariño (‘Casa de Nari’), durante el mandato de Álvaro Uribe.
Y, más recientemente, las escapadas que se pegaba Carlos Mattos, condenado por el caso Hyundai y preso en La Picota, que salía con la anuencia de la guardia de ese penal y andaba por Bogotá como cualquier ciudadano sin cuentas pendientes con la justicia.
El país no se habría enterado de esos ni de muchos otros casos graves de corrupción si no hubieran corrido ríos de “tinta” sobre las “páginas” de los medios, metafóricamente hablando.
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