Eso, debido a que la suspicacia se tomó a algunos medios de comunicación y a ciudadanos en redes sociales que entendieron que la consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —dirigida a precisar si el derecho de un presidente a ser reelegido en forma indefinida constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos— en el fondo buscaba favorecer en Colombia al expresidente Álvaro Uribe.
Al anunciar, en otro comunicado, que este lunes radicará, en San José de Costa Rica, la solicitud de opinión consultiva, la Cancillería recuerda que en ese documento se indica expresamente que “la reelección presidencial se encuentra prohibida en Colombia y el gobierno no tiene interés alguno en que dicha figura sea restablecida dentro del ordenamiento jurídico nacional”.
Y reitera que “las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto”.
Para poner el documento que radicará ante la CIDH en contexto, la Cancillería también recuerda las palabras del presidente Iván Duque en la instalación del 62 Período Especial de Sesiones de la Corte, el pasado 26 de agosto, cuando anunciaba su intención, en clave de regímenes como el de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, sin mencionarlos.
“El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue creado en medio de bochornosas y abominables dictaduras; pero hoy, cuando tenemos de manera generalizada las democracias, nos preocupa que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras. Casos como el de apelar a considerar la reelección como un derecho humano, para que se perpetúe el poder presidencial, capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos”, dijo Duque entonces.
La solicitud de opinión consultiva ante la CIDH —agrega la Cancillería— “se plantea en un contexto en el que las democracias de las Américas enfrentan serios desafíos. Gobiernos que en su momento fueron elegidos bajo las reglas de la democracia participativa han transgredido los límites de la jurisdicción presidencial buscando perpetuarse a través de la captura del Estado y la eliminación de los contrapesos que constituyen el fundamento del equilibrio de poderes”.
“El Gobierno colombiano espera que la Corte, interpretando instrumentos jurídicos regionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto de San José, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, defina si las medidas legislativas que adopta un Gobierno con el fin de perpetuarse en el poder son compatibles con dichos instrumentos internacionales”, dice en otro de sus apartes el comunicado de la Cancillería de este domingo.
También explica que, como en cualquier proceso consultivo ante la Corte IDH, pueden participar no solo los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, sino individuos, representantes de la sociedad civil y académicos que quieran exponer ante la Corte sus opiniones sobre el tema objeto de la consulta.
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