Los integrantes de la desaparecida guerrilla que no hayan querido acogerse al proceso de paz fueron catalogados como parte de un Grupo Armado Organizado (GAO) residual y podrán ser atacados por las autoridades del país, según el Ministerio de Defensa Nacional.
La Directiva 037 de 2017 “le brinda a la Fuerza Pública el marco jurídico para hacer uso de todos los instrumentos legales en la lucha contra los GAO, en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.
La resolución fue firmada por Villegas el pasado 26 de octubre y aclara las directrices para determinar cuáles son “las amenazas” y hasta dónde puede hacerse “uso de la fuerza”.
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“Esa directiva nos da el respaldo jurídico para que la Fuerza Pública pueda usar incluso las ‘operaciones beta’ (las bombas) para impedir la expansión de estas nuevas organizaciones”, explicó una alta fuente oficial a El Tiempo.
Según los estándares internacionales que cita la resolución, las Fuerzas Militares y la Policía obtienen una garantía de “seguridad jurídica […] en el ejercicio de sus funciones”, lo que significa que quedarían blindadas legalmente y con la autorización de utilizar todo el poder de combate disponible en el país. Esto incluye bombardeos aéreos a las zonas en donde se tenga identificada la existencia de grupos armados ilegales.
En el documento se ordena fortalecer “el trabajo conjunto, coordinado e interagencial, que le permitirá a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, actuar de manera contundente frente a las nuevas estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz con el gobierno nacional y que afectan la seguridad de los colombianos constituyéndose en una amenaza a la estabilidad”.
En cuanto a los criminales que no están relacionados con el proceso de paz, como el clan del Golfo, los Puntilleros y los Pelusos, el documento calificó como “objetivos de alto valor estratégico” a varios cabecillas. Entre ellos están Miguel Santillana Botache, alias ‘Gentil Duarte’; Gener García Molina, alias ‘John 40’ y Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.
