La muerte de Jairo de Jesús Silva Rivera (de 65 años), quien permanecía detenido en el Batallón Paraíso de la Segunda Brigada del Ejército de Barranquilla desde el pasado 4 de diciembre por su presunta vinculación en delitos informáticos, ocurrió el 15 de diciembre.

“Una vez recibido el informe de necropsia emitido por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se logró establecer que la causa de su muerte fue violenta”.

Así lo afirmó la Fiscalía, a través de un comunicado, en el que además señaló: “Se designó a un equipo de expertos conformado por fiscales, grupo forense, de criminalística y de investigadores que fortalecerán la línea investigativa para, de esta manera, esclarecer lo ocurrido”.

Según la misma entidad, Silva Rivera estaba en medio de “un proceso que adelanta la Delegada para las Finanzas Criminales”.

Todo por cuenta de un operativo hecho por el Ejército y el CTI, en medio de una “investigación relacionada con una banda que pagaba  para ingresar al sistema de la DIAN.  Así realizaban presuntamente modificaciones a la información relacionada con importaciones y tener autorización irregular para el retiro y disposición de cargamento de textiles, zapatos y otros bienes”, señaló en su momento el ente acusador.

La información preliminar, después de la muerte del adulto mayor, daba cuenta de que Jairo de Jesús sufrió un desmayo y murió, por lo que se presumía que se había tratado de una muerte natural relacionada con su enfermedad de base diabetes; sin embargo, con esta revelación la investigación tomó otro giro.

Cabe aclarar que la Fiscalía no entregue otro detalle distinto sobre la muerte del hombre; no obstante, en su momento la familia denunció un actuar “sospechoso” durante el levantamiento del cuerpo, pues dice Zona Cero, que ellos exigieron que el CTI no hiciera ese procedimiento, sino la Sijín.

“Al llegar la Sijín, ya habían limpiado el cuarto, la cama y se borró cualquier evidencia que había en el cuarto”.

La Fiscalía concluyó que para esa entidad “es importante garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran inmersas en investigaciones penales”.