Es decir, luego de dos años de investigaciones el tema de pago de millonarios sobornos de la multinacional brasilera en Colombia sigue estancado y “por el momento se desconoce dónde está la plata que se ferió”, añade el periódico.
Y que de las 5 cartas que la Procuraduría General ha remitido a la Fiscalía para que inicie procesos de extinción de dominio, aparentemente la Fiscalía recibió dos y no ha habido reuniones de seguimiento, señala la investigación del periódico.
Al parecer, una orden de embargo a la cuentas de Odebrecht, proferida por el Tribunal de Cundinamarca, sería la razón por la cual la Dirección Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía, no ha procedido así como el Grupo Élite Anticorrupción de la Fiscalía.
Todo esto, pese a que existen evidencias de las actividades ilegales que involucra tanto a directivos como a funcionarios, precisó el Ministerio Público.
“Su ejecución ocasionó un grave deterioro a la moralidad pública, y especialmente al patrimonio público, ya que particulares se beneficiaron intencional e ilícitamente de dineros del Estado”, indicó la Procuraduría.
Lo cierto es que hasta ahora, la Fiscalía ha emitido dos órdenes cautelares “sobre 34 inmuebles, 645 semovientes, cinco bienes muebles y dos sociedades, propiedades avaluadas en $52.415 millones y pertenecientes a Otto Bula. Asimismo, que en marzo de ese mismo año embargó al exviceministro Gabriel García cinco inmuebles, dos vehículos y US$4 millones en acciones ubicadas en la Islas Vírgenes Británicas”, pero el capital de Odebrecht en Colombia está intacto, añadió el periódico.
De todas maneras, precisa El Espectador, “un embargo no puede afectar un proceso de extinción de dominio”.
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