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Escrito por:  Fredy Moreno
Editor jefe     Dic 19, 2024 - 7:09 am

La primera línea de defensa (no técnica) de Sandra Liliana Ortiz, ex alta consejera del presidente Gustavo Petro para las regiones, ha seguido la misma tendencia que la de su exjefe frente a los escándalos: acusar a los medios de comunicación. Desde el primer día en que compareció ante la justicia, el 13 de agosto pasado, dijo al llegar al búnker de la Fiscalía que era perseguida por los medios pues, según ella, manipularon las pruebas con las que se ha documentado su participación como “la mensajera”. Y ahora que fue enviada a la cárcel sigue sosteniendo lo mismo.

(Le interesa: Sandra Ortiz ya no irá a la cárcel y será enviada a una guarnición militar, avisó juzgado)

Este miércoles 18 de diciembre, la juez tercera penal de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra Ortiz, primero en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, aunque después decidió que en una guarnición militar. Al concederle cinco minutos para que se manifestara, la exfuncionaria volvió a arremeter contra los medios: “Ese ‘show’ que están armando desde la Presidencia y en los medios de comunicación es un complot. Lo que querían era un chivo expiatorio, porque sí hubo corrupción”, admitió.

Pero las pruebas que le expuso la Fiscalía a la juez no son los informes periodísticos que han dado cuenta, como corresponde, del escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las principales evidencias con que cuenta la justicia permitieron a la juez asegurar que existe inferencia razonable sobre la autoría o participación de Ortiz en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía.

Entre esas pruebas están los interrogatorios que rindieron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente, que señalaron a Ortiz de ser la “mensajera” para entregarles presuntamente 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado Iván Name y mil millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, en septiembre de 2023.

También están como pruebas presentadas por la Fiscalía los chats de WhatsApp, anotaciones en libretas de apuntes y los testimonios de los escoltas de la misma Ortiz, así como los videos de cámaras de seguridad en reuniones en hoteles y en la Casa de Nariño, para demostrar que la ex alta consejera para las regiones del Gobierno Petro fue el enlace para transportar los millonarios recursos públicos. La juez las valoró y consideró contundentes como para imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

“La señora Sandra tiene esas calidades de servidora pública; estaba en un departamento donde podía influir sobre otros funcionarios y tal cual, como la reunión de Palacio, tal cual, como el desayuno del 25 de septiembre del año pasado, se procedió a servir de ese puente entre un presidente del Senado”, dijo la juez al sustentar su decisión.

Así que no se entiende cómo Ortiz, que hoy es la primera ex alta funcionaria del Gobierno Petro judicializada por haber hecho parte de la empresa criminal que se conformó para robarse los recursos de la UNGRD, insiste en sus señalamientos contra los medios de comunicación y en querer involucrar a otras personas sin aportar pruebas, que es lo que corresponde en los procesos judiciales. Los dichos no son suficientes.

Sandra Ortiz señala a Laura Sarabia

En los cinco minutos que le concedió la juez tercera penal de Bogotá, que la envió a la cárcel, Ortiz señaló a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, considerada la mano derecha del presidente Petro y el verdadero poder detrás del poder. Pero, de nuevo, Ortiz no pudo probar nada.

“Esa persona tiene mucho poder. Está al lado del presiente, y ella fue la que me armó este complot, señora juez”, dijo la ex alta consejera presidencial para las regiones. “Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de Presidencia; [se habla] con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas, y yo sí estoy preocupada por mi seguridad, porque ella me armó este complot”.

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“Yo sé que querían un chivo expiatorio, porque sí hubo corrupción en la UNGRD y hay muchos funcionarios implicados”, admitió también la exfuncionaria. No puedo decir los nombres porque es decirle mentiras. Pero yo era su chivo expiatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esa persona que tiene mucho poder en la Presidencia, es una mujer. Yo le hablé de dos mujeres en una entrevista que tuve: me preocupa mi vida y la de mis hijas; incluso, hoy la de mis abogados y la de personas cercanas. Esa persona tiene mucho poder”.

De inmediato, respondió Sarabia, para quien “liderar” el “complot”  del que habla Ortiz es “cumplir con todos los requerimientos judiciales que me han hecho las autoridades como directora del Dapre para entregar información”, escribió en X, y en rueda de prensa agregó: “Lo único que he hecho como funcionaria pública, como directora del Dapre desde el 28 de febrero, es responder y cumplir a cabalidad cada uno de los requerimientos de las autoridades judiciales, y eso es realmente lo que hemos hecho desde el Dapre”.

“Más allá de eso, [la de Ortiz] es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas y que hoy realmente lo que conoce el país es una historia real y muy dolorosa. El que las hace se las imagina”, dijo, e insistió que llegó al Dapre el 28 de febrero. “Días antes, cuando mi nombramiento es oficializado, la primera acción que el presidente me pide es pedirle la renuncia al director de la UNGRD que estaba en ese momento [Olmedo López]. Tal vez Sandra no recuerda que yo no era la directora del Dapre, sino que el director del Dapre era Carlos Ramón González; él era su jefe”. Horas más tarde, Sarabia denunció penalmente a Ortiz por injuria.

En el caso de Ortiz quedan dos grandes interrogantes: de ser hallada culpable, es claro que también habría incurrido en cohecho, por lo que en el proceso también se deberá establecer quién le dio las órdenes para actuar y quién se benefició. En estas situaciones, quienes incurren en esas conductas no actúan solos.

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