El Gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió este miércoles un duro revés en uno de los escenarios en los que prácticamente venía acostumbrado a ganar todo: la Cámara de Representantes. Las comisiones económicas, por mayoría, decidieron archivar el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria (la segunda en esta administración) con la que buscaba conseguir pretendía 9,8 billones de pesos para financiar el presupuesto 2025. El mandatario y los ministros relacionados con el trámite de esa iniciativa culpan a los congresistas y aseguran que los efectos negativos los sentirá la sociedad, pero no admiten ninguna responsabilidad en el fracaso.
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A pesar de que el proyecto de reforma tributaria comenzó su trámite prácticamente muerto debido a la férrea oposición que le plantearon colectividades políticas como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical, tozudamente el Gobierno siguió impulsándolo sin oír los reclamos que se le hacían para que buscará recursos primero disminuyendo burocracia y gastos innecesarios, así como llevar a cabo la ejecución presupuestal de más de cien billones de pesos que aún no es claro dónde están, un monto que se ha establecido a través de consultas en la página web del mismo Ministerio de Hacienda.
Para opositores como el senador Miguel Uribe Turbay, esa plata la estaría guardando el Gobierno con el fin de contar con recursos con miras a la campaña presidencial del 2026. Se ha señalado también con insistencia que el presidente Petro no está gobernando, sino en campaña.
Los detractores del Gobierno vienen señalando desde hace meses la innecesaria creación del Ministerio de Igualdad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, la cartea que menos ejecución reporta, y de consulados en varios países, especialmente en África, lo mismo que la reactivación de la embajada ante la FAO, a la cual fue enviado el exembajador en Venezuela Armando Benedetti para dejarla pocos meses después pues fue designado asesor de la Presidencia de la República.
Para el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexánder López Maya, esto no es más que una narrativa de la oposición con el fin de afectar al Gobierno del presidente Petro. Tildó de “irresponsable” la decisión de las bancadas de las cuatro comisiones que apoyaron la ponencia del senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay para archivar el proyecto de ley. Y advirtió que los que perderán serán los colombianos pues se afectará el presupuesto de inversión de 26 sectores y de 86 entidades del Estado, entre ellos, los sectores de Vivienda, Cultura, Igualdad, Servicios Públicos y Seguridad.
Hasta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que el naufragio de la reforma tributaria también afectará las capacidades de la fuerza pública por las dificultades, por ejemplo, para llevar a cabo el mantenimiento de aeronaves, una situación que muchos han achacado desde antes a la poca gestión del mismo funcionario.
Gustavo Petro dice que es “un golpe al pueblo colombiano”
En ese mismo sentido, y sin entrar en más detalles, el presidente Petro se manifestó: “El hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano”. Hasta ahora, sin embargo, ningún integrante del Ejecutivo ha admitido que uno de los factores determinantes en el fracaso de ese proyecto es el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se llevó por delante a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda que impulsó la iniciativa en el Legislativo, señalado por su exasesora María Alejandra Benavides de tener pleno conocimiento e incluso ordenar el direccionamiento de varios contratos para comprar los votos de congresistas que favorecieran proyectos gubernamentales.
Eso creó tal ambiente negativo en el Congreso que la ley de financiamiento no tuvo debates. “Ni siquiera dejaron discutir la ponencia. No la dejaron ni siquiera presentar. No revisaron el contenido de la propuesta que tenemos en el proyecto de ley de financiamiento y, de una manera perversa e irresponsable, votaron en contra de un proyecto que garantizaba el Gobierno Nacional completar los recursos que requeríamos en un presupuesto que es en un 92% inflexible”, lamentó López ante los periodistas, algo en lo que también coincidió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Lo ocurrido con la segunda reforma tributaria del Gobierno es el resultado de una conjunción de circunstancias surgidas desde el mismo Ejecutivo. Quizá sí resulte afectado el “pueblo colombiano”, como asegura el presidente Petro, pero también saldrá damnificada su administración que, por un lado, ahora deberá ver de dónde saca los recursos para tapar el hueco fiscal del presupuesto de 2025, y, por otro, tendrá que enfrentar el grave revés político que se manifestó en principio en la Cámara de Representantes, pero que tendrá coletazos en las elecciones de 2026, cuya campaña fue inaugurada por el mismo mandatario.
Perdió el Gobierno al llevar al matadero al novel ministro de Hacienda, Diego Guevara, a defender lo indefendible. Este funcionario comenzó su gestión con una derrota que estaba cantada, pese a lo cual fue expuesto.
También quedó claro que el Congreso de la República actúa con independencia del Gobierno Nacional, una condición clave de las democracias liberales, caracterizadas por la relación de pesos y contrapesos entre los poderes públicos. Los congresistas demostraron que no actúan como notarios ni simples validadores de los proyectos que pretende sacar adelante el Ejecutivo. Esa situación es la que usa el jefe de Estado para impulsar su idea de que en Colombia se está fraguando un golpe de Estado.
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