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La eutanasia y el suicidio asistido continúan alimentando debates profundos sobre ética, derecho y sociedad en diferentes regiones del mundo. A pesar de que la mayoría de los países mantienen penas contra la eutanasia activa y el suicidio asistido, existe una aceptación más generalizada de la eutanasia pasiva, permitiendo a los pacientes rechazar tratamientos que prolongarían la vida artificialmente. Esta distinción resalta el dilema entre la autonomía individual y la protección estatal de la vida, como plantean análisis recogidos en el artículo original.
Diversos modelos legislativos y realidades culturales han propiciado una paulatina legalización de la eutanasia en algunos países. Los Países Bajos lideraron esta tendencia con su ley de 2002, que despenaliza la eutanasia bajo condiciones específicas, incluyendo el consentimiento informado y el sufrimiento insoportable en pacientes terminales. Bélgica amplificó este enfoque en 2014, al incluir a menores de edad bajo criterios rigurosos, un cambio que provocó interrogantes éticas sobre la capacidad de decisión infantil y la protección del menor, según destaca *The Lancet* en su análisis sobre derechos al final de la vida.
En Canadá, la evolución fue progresiva: la eutanasia estuvo limitada inicialmente a enfermedades terminales en 2016, pero desde 2021 el acceso se amplió a quienes padecen afecciones graves y crónicas. Sin embargo, la inclusión de trastornos mentales como criterio de elegibilidad se ha aplazado hasta 2024, en medio de controversias éticas y de salud pública reportadas por *The Globe and Mail* y el Consejo Canadiense de Ética Biomédica. Este enfoque escalonado revela las tensiones que enfrentan los sistemas de salud al adaptar marcos regulatorios sensibles.
En América Latina, Colombia figura como pionera tras la decisión de su Tribunal Constitucional de 1997. No obstante, la primera eutanasia legal se aplicó en 2015, registrándose más de 350 procedimientos legales hasta 2024, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia. Ecuador y Uruguay también han avanzado con normativas recientes, consolidando la tendencia en la región hacia el reconocimiento de la libertad y dignidad del paciente en situaciones terminales, como analizó *El Espectador*.




En contraste, países de tradición jurídica y cultural más conservadora conservan restricciones. En Italia, tras una apertura parcial en 2019 por parte del Tribunal Constitucional, la despenalización es limitada y avanza en contextos regionales, como Toscana y Cerdeña. Francia, donde la sedación terminal está permitida desde 2015, aprobó en 2025 una ley de eutanasia aún sujeta a la sanción legislativa final, según informes de *Le Monde* y *France 24*, poniendo en evidencia la polarización política y social en torno al tema.
Estados Unidos representa un caso singular, con una regulación fragmentada donde apenas algunos estados permiten el suicidio asistido. Este mosaico legal resalta las dificultades para lograr consensos nacionales, según apunta el *New York Times*. Por su parte, Nueva Zelanda optó por un referéndum en 2020, permitiendo así que la eutanasia fuera producto de una voluntad ciudadana mayoritaria antes de entrar en vigor en 2021.
Las diferencias normativas demuestran que la eutanasia es mucho más que una decisión médica: se trata de un asunto atravesado por sistemas jurídicos, valores culturales, identidad nacional y percepciones colectivas sobre sufrimiento y muerte digna. Recomendaciones internacionales como las de la Universidad de Harvard subrayan la necesidad de crear protocolos rigurosos, prever riesgos de abuso y fortalecer los programas de asistencia psicológica y cuidados paliativos.
A través de los cambios legislativos y sociales, emerge la urgencia de contar con información verificable y de calidad, tal como se insiste en los reportes citados. Solamente así podrán los países sostener un diálogo plural entre médicos, pacientes, familias y parlamentarios, con el desafío de privilegiar la autonomía sin transgredir principios éticos fundamentales.
¿Cuál es la diferencia entre eutanasia activa, eutanasia pasiva y suicidio asistido? La pregunta sobre las diferencias entre estos conceptos surge de la variedad de enfoques legales y médicos que existen alrededor del mundo. La eutanasia activa implica que un profesional de la salud administra directamente una sustancia letal para provocar la muerte del paciente, mientras que la eutanasia pasiva refiere a la suspensión o retiro de tratamientos que mantienen artificialmente la vida, permitiendo así morir de forma natural. El suicidio asistido, por otro lado, se da cuando una persona recibe los medios necesarios –generalmente a través de prescripción médica– para poner fin a su vida, pero es el propio paciente quien lleva a cabo la acción final. Esta distinción es esencial para los marcos normativos y éticos discutidos en fuentes como el Ministerio de Salud de Colombia y análisis de revistas como *The Lancet*, pues cada figura plantea desafíos distintos en cuanto a responsabilidad y autonomía.
¿Por qué algunos países optan por referéndums y otros por legislación parlamentaria para regular la eutanasia? La diversidad en los mecanismos de regulación refleja las distintas dinámicas políticas y sociales de cada nación. En lugares como Nueva Zelanda, se recurre al referéndum, permitiendo que la ciudadanía decida de manera directa sobre un asunto considerado de gran carga moral. En contraste, países como Francia o Canadá emplean vías parlamentarias, apostando por el debate político y deliberativo entre representantes electos. Este contraste revela la importancia tanto de la participación popular como de la deliberación legislativa para construir consensos en temas sensibles, como han resaltado análisis de medios como *France 24* y el *New York Times*. Además, el método adoptado incide directamente en la legitimidad y aceptación social de la normativa resultante.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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