Ocho meses después del inicio de las clases virtuales en Colombia (y 2 semestres académicos encima), varios estudiantes están replanteando el tipo de educación que están recibiendo e incluso algunos claman para que el regreso presencial a las instituciones de educación superior sea lo más pronto posible.
“Aunque implica cierto riesgo yo sí iría a clases presenciales en enero. Hace parte de la nueva normalidad el cuidarse y ser precavido, pero seguir con nuestras actividades para la reactivación del país”, manifestó a Pulzo Andrés Palacios, estudiante de sexto semestre de derecho en una universidad del norte de Bogotá.
Él, al igual que miles de estudiantes en el país, reconoce que la modalidad virtual afectó ampliamente la estructura tradicional del aprendizaje universitario y que esta debe cambiar rápidamente o simplemente dar paso al regreso presencial controlado.
“Tanto estudiantes como profesores tienen esa sensación constante de no saber si entienden o no, si se capta una idea o no; eso genera una cantidad de estrés que antes no se veía en una clase de cátedra normal”, añadió Palacios en diálogo con este medio.
Otra situación que angustia a los jóvenes es la evidente dificultad para la conectividad que, incluso en grandes ciudades, se da en estas épocas de virtualidad.
“La conexión a internet siempre fue un problema; no todo el mundo tiene una buena conexión. También hay cortes de luz y cosas que a veces se salen de las manos, pero el mayor problema siempre era la conexión para la mayoría de estudiantes”, indicó a Pulzo Luisa Mancera, estudiante de octavo semestre de lenguas modernas en una universidad del oriente de Bogotá.
El propio Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones reconoce que en este país, de 49 millones de habitantes, tan solo hay 7 millones de accesos fijos a internet. Por supuesto, el uso de la banda ancha se concentra principalmente en las grandes ciudades del país, dejando desamparados a los estudiantes de zonas rurales y municipios.
Pero el problema es, a veces, aún más grave cuando hay estudiantes que ni siquiera tienen un computador (u otros elementos necesarios para conectarse a internet) y no cuentan con el respaldo de la institución educativa en la que están matriculados.
“Mi universidad nunca preguntó si alguien necesitaba equipos para las clases virtuales. Supongo que asumen que hoy en día todo el mundo tiene acceso a un computador, pero la realidad es que mucha gente no lo tiene”, añadió Mancera en conversación con este medio.
Lamentablemente, esas dificultades para los estudiantes y maestros se traducen en el agravamiento de un fenómeno que ya venía presentándose en los últimos años: el aumento de la deserción universitaria.
“Algunas instituciones de educación superior estiman que la reducción en demanda de matrícula universitaria podría ser superior al 50 %”, agregó la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).
Algunos estudiantes simplemente no se pueden matricular
En miles de casos, la deserción se da por imposibilidad económica para costear un semestre universitario. A una dura realidad en el país se suma el efecto adverso de la pandemia de COVID-19 en los trabajos y fuentes de ingreso de millones de colombianos.
“Las familias de estratos medios y bajos” son claramente las más afectadas, por las “afectaciones directas en sus trabajos y actividades económicas” con las que se costeaban los estudios superiores, apunta la Ascun.
“En mi entorno sí vi que muchos compañeros decidieron aplazar sus semestres, ya que ellos o sus familias sintieron el impacto económico de la pandemia. La mayoría de ayudas del Gobierno o de las universidades son solo paños de agua tibia para solucionar la deserción estudiantil. En mi caso, yo no decidí aplazar el semestre pues ya estaba a punto de la culminación de mi carrera”, manifestó a Pulzo Camila Urrego, estudiante de noveno semestre de comunicación social y periodismo en una universidad del centro de Bogotá.
Como si fuera poco, algunos estudiantes que estaban terminando sus carreras debieron pagar el último semestre educativo y adicionalmente los derechos obligatorios de grado para recibir el diploma (a domicilio).
“Los derechos de grado costaban 800.000 pesos, hicieron un descuento y costaron finalmente 650.000 pesos. Únicamente enviaron el diploma y un prendedor; ni siquiera enviaron al acta de grado impresa, la mandaron por correo”, concluyó Urrego, en diálogo con este medio.
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