Por segunda vez en 13 meses, EPM abrió una licitación para adjudicar las obras finales de Hidroituango, esto luego de que el pasado 14 de marzo se viera forzada a declarar desierto el proceso inicial que estuvo lleno de contratiempos y problemas.
Llama la atención, a simple vista, la modificación de la acreditación de la experiencia de los interesados y el tratamiento del aseguramiento de las obras, los dos puntos más polémicos de la primera licitación.
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La empresa intentará así una vez más conseguir un constructor que se le mida a las obras civiles de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, el cual tendrá un plazo de 1.125 días, algo más de tres años. Los interesados tienen plazo para comprar derechos y postularse hasta el 10 de mayo.
En este nuevo proceso, EPM modificó algunos parámetros en lo que respecta a la acreditación de la experiencia y las exigencias del aseguramiento. Se recordará que en la primera licitación, inicialmente diez compañías manifestaron su interés en competir por la obra, pero al final la empresa solo recibió la oferta de un consorcio integrado por las firmas Powerchina International, Yellow River y la colombiana Schrader Camargo.
Pese a ser el único competidor, a finales de febrero pasado, la oferta de dicho consorcio fue rechazada por problemas para acreditar la experiencia del socio colombiano y porque la Procuraduría había advertido irregularidades en el proceso.
Según quedó plasmado en los anexos técnicos del informe de análisis y conclusiones, esta última empresa intentó acreditar por lo menos cinco obras, de las cuales solo dos eran proyectos hidroeléctricos que no le alcanzaron para cumplir con las cantidades de concretos exigidos por EPM en los pliegos.
Hacia el final de la tabla de experiencia de los nuevos pliegos está la primera modificación importante, relacionada con la experiencia que se evaluará en las empresas que se presenten en consorcios. Este punto es clave porque fue la nuez del problema que le costó al consorcio colombo chino su descalificación.
En las condiciones publicadas ayer, ya no aparece ningún tratamiento explícito para los socios nacionales, sino una nueva tabla en la que se explica que las empresas que se presenten en consorcio podrán acreditar de forma conjunta la experiencia exigida, siempre y cuando cada uno de los integrantes acredite como mínimo 31.000 metros cúbicos en concretos y 18.000 metros cúbicos en construcción de túneles.
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No obstante, frente a concretos y túneles, EPM ideó una nueva exigencia, abriendo la puerta para que en dos escenarios ambos requisitos puedan recaer en una sola empresa.
Dice el pliego: “si la forma asociativa acredita tanto los volúmenes mínimos individuales como el volumen total exigido para la actividad 2 (concretos), el volumen total exigido para la actividad 3 (túneles) podrá ser acreditado y certificado por uno, algunos o todos los integrantes de la forma asociativa. Así mismo, si la forma asociativa acredita tanto los volúmenes mínimos individuales como el volumen total exigido para la actividad 3, el volumen total exigido para la actividad 2 podrá ser acreditado y certificado por uno, algunos o todos los integrantes de la forma asociativa”.
La primera licitación también se vio empañada por la incertidumbre para asegurar esas obras finales, que EPM puso bajo responsabilidad del constructor, en una decisión que despertó críticas de ese gremio en Antioquia. Las nuevas condiciones incluyeron una explicación de más de una página, subrayada además por la misma EPM, en la que se compromete a buscar un seguro todo riesgo para las obras finales, pero tampoco garantizó nada al final.
Afirma que sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades del contratista, está gestionando a su propio costo la contratación de un seguro de Todo Riesgo Construcción para amparar los riesgos a los que está expuesto el proyecto durante la construcción de las obras que está licitando.
“EPM no adquiere obligación alguna frente al Contratista en cuanto a la contratación, términos y condiciones del seguro en mención”, expresó en las condiciones.
Aludiendo al escenario en que ese seguro no pueda ser comprado por EPM, la empresa advirtió que el contratista de todas formas deberá asumir su responsabilidad en caso de un siniestro. “(…) si por algún motivo EPM no obtiene la cobertura, u obteniéndola la aseguradora no se ve obligada a pagar la indemnización en el caso de un siniestro, o hace un pago inferior al valor del mismo, el Contratista deberá asumir las indemnizaciones a que haya lugar”.
Bajo esa lógica, EPM aconsejó al contratista no descartar buscar en el mercado una póliza todo riesgo: “el Contratista será responsable de los riesgos propios de la actividad constructiva a ejecutar conforme al objeto y alcance del presente contrato y deberá tener en cuenta las medidas de mitigación para este tipo de riesgos, entre otras, deberá evaluar la necesidad/viabilidad de constituir voluntariamente, por cuenta propia y a su costo, una póliza de todo riesgo”, se lee en las condiciones.
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Antes de que se abriera la primera licitación, la empresa de consultoría chilena Pöyry había recomendado evitar el cambio de contratistas porque esto significaría importantes retrasos, reduciría la trazabilidad en la recuperación de la obra, aumentaría el costo global y se perdería responsabilidad para el diseño y la ejecución.
EPM hizo todo lo contrario. ¿Serán suficientes estas modificaciones en la licitación para que las obras finales se puedan adjudicar? Solo el cierre de la etapa de ofertas lo dirá. Se vuelve a empezar de cero.
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