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En este país la justicia no solo cojea, sino que funciona al revés. Así es el caso que tiene ahora enredado y muy preocupado a Julián Gregorio Gaviria, un docente universitario radicado en Manizales, quien los fines de semana también dicta clases en Pereira.
Todo comenzó en 2020 en plena Cuarentena, cuando al anterior dueño de su motocicleta Pulsar 180 blanca, que es un cuñado, le llegó a la residencia una notificación de multa de tránsito (Fotomulta) en abril de 2020, por una contravención ocurrida en Medellín, cuando a esa ciudad no se ha viajado en el vehículo en mención.
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Además, “Mi cuñado ya me había pasado la moto, solo que no le habíamos hecho el traspaso, pero para esa fecha la moto la tenía yo y en mi vida solo he ido una vez a un congreso de educación a Sabaneta, que está cerca de Medellín, pero no más y no fui en la moto”.
Lo más curioso del caso, es que este año volvió a llegar la fotomulta, por una nueva infracción ocurrida el sábado 22 de abril de 2023 y para ese día, el profesor Gaviria se encontraba desde las 7:00 a.m. en la Universidad del Tolima sede Pereira.
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El cuñado interpuso una denuncia que fue asignada a la Fiscalía 1 local de Medellín, unidad Especializada de Apoyo (Eda), pero el tema llegó hasta ahí. Cuando este año volvió a llegar la fotomulta, enviaron en julio un derecho de petición a la Secretaría de Movilidad de Medellín en la que alegaban la inconformidad por la fotomulta:
“Ahora bien, personalmente, me tome la molestia de indagar en el sistema Runt, y encontré una motocicleta con las mismas características de la mía con placa EHO en la ciudad de Medellín y mi placa es EHD, llegando a la conclusión que ustedes están cometiendo un error, lo que se ratifica en el hecho de que las fotografías aportadas en los comparendos no son claras ni legibles y tampoco se han tomado la molestia de entregarlas en formato digital a color y originales para constatar la veracidad de la placa”.
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De otro lado, una fuente de la Fiscalía aportó que el proceso se encuentra archivado, porque estuvieron tratando de localizar al cuñado y no fue posible. Cosa que es de entrada muy extraña, porque la orden de detener la moto es apenas de agosto pasado. Esto tal vez se deba a que el citado señor trabaja para una empresa minera en la que lo han cambiado de proyecto y por obvias razones de ciudad donde permanece la mayor parte por razones laborales.
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El sábado pasado (7 de octubre), Julián Gaviria venía, como de costumbre, a dictar sus clases. A las nueve de la mañana había un puesto de control rutinario en el peaje de Tarapacá II, allí los policías le solicitaron los documentos y los entregó con toda normalidad e inmediatamente le dijeron que debían retener la moto, porque estaba solicitada por una Fiscalía de Medellín y el profesor les dijo que así era, que había una falsedad marcaria de automotor.
El caso es que finalmente su medio de transporte quedó retenido en la subestación La Capilla de Santa Rosa de Cabal y Gaviria inerme no tenía posibilidades de nada, ya que en fin de semana, no iba a encontrar las respuestas que tampoco le han dado en tanto tiempo.
Ayer en la tarde el docente estuvo llamando a la Fiscalía en cuestión pero no le contestaron, en ese ente tienen la última palabra para el restablecimiento de derechos que en últimas es lo que solicita el afectado, pero este trámite puede tardar varios días y le preocupa que aparte de ser víctima de su propia denuncia, le carguen los costos de los días que su motocicleta deba permanecer en los patios.
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Julián Gaviria allegó al periódico las siguientes pruebas que indican que la placa ilegal es la que rueda por las vías paisas: (factura de compra, fotocopia de las cédulas del dueño anterior y la propia, la consulta en el Runt, constancia que indica que el día de la segunda infracción él se encontraba en Pereira y la copia del procedimiento que realizó la Policía el sábado anterior). Entonces la pregunta que queda es y ahora quién podrá ayudarlo
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