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Después de las fiestas de Año Nuevo, la empresaria Patricia Orrego Barrios recibió una llamada de una persona que se identificó como un enlace de las bandas “el Mesa” y “la Oficina”. La voz al otro lado de la línea, con tono amenazante, le puso una cita en el municipio antioqueño de Vegachí, el domingo 7 de enero de 2024, “para arreglar el problema de la mina”.
Siguiendo las instrucciones, en la mañana de ese día recogió en la ciudad de Bello a un supuesto guía, quien se encargaría de señalarle el sitio exacto de la reunión.
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Según las pesquisas preliminares de la Fiscalía, en una lujosa camioneta Hummer iban el conductor de confianza, la empresaria y el guía, y se detuvieron a tanquear gasolina en una estación de servicio de la vecina localidad de Girardota, a eso de las 6:30 a.m.
Patricia se bajó del vehículo a tomar un tinto, sin percatarse de que tres hombres, en dos motos Pulsar negras, la miraban a pocos metros. Simulaban esperar el turno para abastecerse de combustible, hasta que uno se le acercó por la espalda y le disparó, para luego rematarla en el suelo.
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Antes de abordar la moto para escapar, encañonó al conductor y le dijo: “¿Usted no vio nada, cierto?”.
El crimen de la mujer de 43 años agitó una disputa que ha supurado violencia durante la última década en el cañón del río Porce, una región del Nordeste de Antioquia preñada con una maldición que enloquece a la gente: oro puro.
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El cañón del río Porce es una hendidura montañosa que divide a las subregiones del Nordeste y Norte del departamento. Es una zona de abundante riqueza en flora, fauna y minerales. Allí, en la década de los 90, se formó la mina La Comba, una de las más exitosas en la extracción aurífera, con entradas por las veredas Tinitacita y El Naranjal, de Amalfi, y Puerto Rico, de Anorí.
Fuentes cercanas al caso, y documentos conocidos por EL COLOMBIANO, dan cuenta de que el conflicto empezó a complicarse el 6 de abril de 2015, cuando falleció de muerte natural Octavio Orrego Arenas, propietario de la sociedad La Comba S.A., que explotaba el título minero del mismo nombre.
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La sociedad y los demás bienes pasaron a manos de los 10 hijos que tuvo con distintas mujeres. Las herederas, en su mayoría mujeres, le otorgaron un poder general a su hermano Bernardo Orrego Barrios para que administrara las posesiones y les diera su porcentaje de las ganancias (acta de poder general N°1065 de 2015 ante la Notaría 9 de Medellín).
Pero con el pasar del tiempo, las hermanas, encabezadas por Patricia, se quejaron de que no les entregaba el dinero correspondiente, y se desataron disputas intrafamiliares por el control de La Comba.
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El pleito se agravó cuando la mina comenzó a ser extorsionada por los grupos armados que se disputan el cañón del río Porce. Allí delinquen, de acuerdo con la Policía, el frente Jorge Arboleda del Clan del Golfo, la disidencia del frente 36 de las Farc y el frente Capitán Mauricio del ELN.
Tal cual consta en denuncias instauradas en la Fiscalía, unos y otros allegados se acusaron por supuestos nexos con esas estructuras criminales, terminando los herederos de Octavio Orrego inmersos en expedientes por extorsión, concierto para delinquir, financiación del terrorismo y explotación ilícita de yacimientos mineros, entre otros.
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Las autoridades no resolvieron el litigio familiar ni las extorsiones, así que en 2019 Patricia buscó ayuda en el bajo mundo. Luego de conversaciones por chat, obtuvo una cita en la cárcel Picaleña de Ibagué con Orlando Marín Gómez (“Horqueta”), el jefe del frente Capitán Mauricio del Eln.
Aunque llevaba tres años preso, él conservaba su poder en la región. De acuerdo con las fuentes consultadas, que pidieron la reserva de su identidad, simpatizó con la comerciante y le ordenó a su subalterno “el Mocho” que dirimiera el conflicto.
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Este, como si fuera un experto en arbitramento, se reunió con Patricia y su hermano Bernardo y les dividió el territorio, asignándole a cada uno el 50% de la zona en la que se explotaba el título minero, ordenándoles que no podían meterse en las áreas del otro.
Luego les cobró $50 millones por cabeza. Cuatro meses después, las visitas carcelarias de Patricia evolucionaron a un noviazgo y “Horqueta” no solo se convirtió en su pareja, sino en socio de negocios.
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“Él estaba en el ELN desde los 10 años y se conocía el cañón al derecho y al revés. Empezó a trabajar con Patricia, indicándole dónde debía hacer las excavaciones. Encontraron una veta, se ‘enguacaron’, y sacaron oro a la lata”, narró un allegado al caso.
En ese entonces, Patricia estudiaba Derecho en la U. de Medellín, pero no hizo la tesis porque se consagró de lleno a la minería. Entre 2019 y 2021 construyó su fortuna. Le compró a un tío un hotel por $1.000 millones en Amalfi, compró en Medellín un apartamento de unos $3.000 millones, adquirió la camioneta Hummmer y otros lujos.
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Durante la pandemia de covid-19 fue mecenas de la Alcaldía de Amalfi, patrocinando programas sociales y la construcción de vías. “Personas, empresas y gremios siguen entregando ayudas para quienes más lo necesitan. Se beneficiaron 300 familias amalfitanas con 300 kg. de carne donados por La Comba S.A., a quien agradecemos en nombre de aquellas personas beneficiadas”, publicó la Administración en Facebook (mayo 5/20).
Y como en toda historia en la que abunda el oro, la bonanza llegó contaminada por la violencia.
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Bernardo al parecer no le pagó la cuota de extorsión a “el Mocho”, y en retaliación le quemaron la maquinaria minera el 23 de agosto de 2019. Esto aceleró las investigaciones contra Patricia, por su cercanía con “Horqueta”, y le generó una orden de captura por extorsión.
En junio 24 de 2020 ella se presentó a la audiencia de imputación, aportando pruebas que sirvieron para que el juez le otorgara la libertad y la Fiscalía pidiera precluir el caso.
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El 17 de febrero de 2021, según las denuncias de la familia, al campamento minero de la vereda Tinitacita llegaron hombres armados que se identificaron como miembros del frente 36 de las Farc y del frente Capitán Mauricio del ELN. Encañonaron a los trabajadores y les ordenaron que llamaran a su patrona, para que explicara por qué no estaba pagando la vacuna.
“Como mi hermana Patricia no apareció, los guerrilleros amarraron a esas personas y quemaron tres retroexcavadoras”, se lee en la denuncia.
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Los insurgentes fueron enviados por “Firu”, el entonces subcomandante del frente 36, y por “Nelson el Calvo”, del ELN, quienes al parecer ya no reconocían la autoridad de “Horqueta”.
El 6 de abril siguiente, dos sicarios llegaron a la casa de Patricia en el casco urbano de Amalfi. Trataron de forzar la puerta y, cuando escucharon ruido adentro, hicieron dos disparos a través de la ventana, sin lesionarla.
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A los 10 días subversivos del frente 36 incursionaron en la finca de la mamá de “Horqueta”, en la vereda El Yerbal, de Campamento. Quemaron el predio, se robaron el ganado y expulsaron a los moradores.
El 21 de abril de 2021 mataron a Víctor Alfonso Jaramillo (“Longaniza”), socio de Bernardo y uno de los denunciantes contra Patricia. Fue secuestrado delante de su familia en la vereda El Naranjal, por un comando sicarial de la banda “el Mesa”, liderado por Luis Fernando Ruiz (“el Caníbal”).
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Lo llevaban en un carro, cuando fueron emboscados por un grupo de seguridad privada de los mineros del sector. Se produjo una balacera y el vehículo terminó volcado.
Casi todos los secuestradores escaparon, menos dos: uno que apareció flotando en el río Porce, y otro apodado “Formol”, que fue capturado por el grupo de seguridad. Antes de matarlo, lo obligaron a hablar en un video de celular, en el que dijo: “La orden la dio Patricia, la mujer de ‘Horqueta’”.
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A “Caníbal”, en cambio, no lo mataron. Estando herido él les dijo que, si lo hacían, se meterían en problemas con el hombre que lo contrató para “la vuelta”: Ricardo Ayala (“Cabuyo”), el comandante de la disidencia del frente 36. Así que lo dejaron en el hospital de Amalfi, para que lo custodiaran las autoridades, pero de allí lo remitieron a la clínica León XIII de Medellín, de donde se fugó luego.
El homicidio de “Longaniza” dividió a los investigadores judiciales, entre quienes decían que Patricia estaba involucrada y aquellos que aseguraban que fue una retaliación de “Cabuyo”.
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Fuentes policiales indicaron que el disidente había citado a “Longaniza” a su campamento, para cuadrar el infaltable cobro de la extorsión. Un día después las Fuerzas Especiales del Ejército asaltaron la zona y le dieron tres tiros al cabecilla, quien sobrevivió de milagro. “Al parecer, él creyó que ‘Longaniza’ lo había vendido por el cobro de la extorsión, y lo mandó a matar con su socio ‘Caníbal’”, explicó un investigador.
El 20 de octubre de ese año, el Ejército y el CTI capturaron a nueve personas del círculo cercano de Patricia, en una operación contra las redes financieras del ELN. Sin embargo, las pruebas se fueron cayendo en las audiencias, varios quedaron en libertad por vencimiento de términos y tuvieron que devolverles los bienes, entre ellos la Hummer.
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En el caso han sido salpicados varios investigadores y militares, con procesos disciplinarios y penales por recibir supuestos sobornos para fabricar montajes judiciales.
En noviembre de 2021 los hombres de “Cabuyo” invadieron el campamento de La Comba en el que Patricia había encontrado la veta y desplazaron a sus trabajadores. Alias “Machete” y “Chorizo”, dos lugartenientes del frente 36, se quedaron con el yacimiento y los lugareños empezaron a llamar a la mina con otro nombre: La Caliente.
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La empresaria terminó su noviazgo con “Horqueta” en 2022, al descubrir que la engañaba con una mujer más joven que le hacía visita conyugal; no obstante, continuaron su relación de negocios. Con un préstamo de $1.000 millones de Patricia, el convicto mandó a arreglar la finca de su madre y compró ganado.
Aunque sus tíos le advirtieron que dejara de pelear por la mina, que disfrutara la fortuna que ya había conseguido, ella no desistió. Instauró más denuncias contra las personas que le ocuparon el predio y, con el apoyo de “Horqueta”, el año pasado expuso su caso ante el Comando Central del ELN (Coce), pidiendo ayuda para recuperar la herencia.
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En Amalfi empezó a correr el rumor de que “Antonio García”, el máximo líder de esa guerrilla, les había pedido a los grupos armados de Amalfi que la dejaran volver a partir del 2 de enero de 2024.
Estaba muy feliz, hasta que recibió la llamada del hombre que dijo ser un enlace de las bandas “el Mesa” y “la Oficina”. Le exigió el pago de una cuota extorsiva. Y ella, harta de todo, le contestó: “¿Por qué no me dejan trabajar? Es una herencia de mi papá. ¡De allá me sacan muerta!”.
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