El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El proceso electoral para escoger al próximo gobernador del Magdalena se ha convertido en un reflejo de la profunda crisis institucional que aqueja a este departamento de la Costa Norte colombiana. La reciente anulación del mandato de Rafael Martínez, ordenada por el Consejo de Estado a raíz de su comprobada doble militancia, dejó vacante el Palacio Tayrona y condujo a un intenso debate nacional sobre la lealtad a los partidos políticos, la legitimidad de los procedimientos democráticos y la creciente polarización entre los distintos sectores del espectro político. Esta situación, documentada por medios como El Espectador, ha puesto de manifiesto la fragilidad de las estructuras político-institucionales del Magdalena, un departamento que históricamente ha oscilado entre la innovación y el clientelismo.
En este contexto, cinco figuras compiten actualmente por el respaldo ciudadano. Margarita Guerra, de Fuerza Ciudadana, encabeza la defensa del llamado “caicedismo”, una corriente política que, a pesar de la pérdida de personería jurídica y las denuncias de corrupción, mantiene una sólida red de apoyos locales de acuerdo con informes periodísticos regionales. Su adversario más visible, Rafael Noya, se presenta como exmilitante de ese mismo movimiento, del cual se apartó por diferencias ideológicas y estructurales. Los demás aspirantes —Luis Santana, Raúl Antonio Carbono y Miguel Martínez— simbolizan alternativas más independientes o emergentes, pero enfrentan enormes desafíos para consolidar un respaldo territorial robusto frente a la maquinaria tradicional que domina la política del Magdalena.
La decisión de destituir a Martínez no surgió de un vacío legal. Según datos de la Registraduría Nacional, la doble militancia es una violación explícita de la normativa electoral colombiana. Sin embargo, voces como la del presidente Gustavo Petro y otros sectores de la izquierda han considerado la medida como una reacción al acuerdo político y a la diversidad de coaliciones, recurriendo incluso al marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. En contraste, organismos oficiales recalcan que el fallo busca proteger la legalidad y restablecer la confianza tras años de denuncias de corrupción y prácticas clientelistas en la región.
La importancia de la transparencia y la vigilancia pública en el Magdalena se ha vuelto aún más evidente gracias a herramientas investigativas como NINA, una base de datos de acceso abierto impulsada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Esta plataforma facilita la identificación de vínculos entre funcionarios, contratistas y empresas, y pone de relieve la importancia de una rendición de cuentas genuina. Sin embargo, los retos van más allá: pese a que estudios reportados por El Espectador o The Wall Street Journal avalan el valor del periodismo investigativo y la información verificada, en el Magdalena la percepción ciudadana sigue marcada por la desconfianza y el escepticismo hacia las instituciones.
Quien asuma el liderazgo departamental tendrá la tarea urgente de recuperar la legitimidad y gobernabilidad, en un entorno caracterizado por la polarización y el descenso en indicadores sociales. Según el Instituto de Prensa y Sociedad, los habitantes del Magdalena exigen una gestión transparente y eficaz, orientada no solo a combatir la corrupción, sino también a ofrecer soluciones en áreas críticas como la salud, la educación y la infraestructura. El desenlace de estas elecciones, por tanto, representa una oportunidad excepcional para impulsar la renovación democrática en la región y constituye un termómetro de la capacidad de sus elites para reconciliarse con las demandas de una sociedad movilizada.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la doble militancia en Colombia? La doble militancia se refiere a la participación activa y simultánea de un político en dos organizaciones o movimientos distintos, hecho que está prohibido por las leyes electorales del país. En el caso del Magdalena, el Consejo de Estado fundamentó su decisión de anular el mandato de Rafael Martínez en la evidencia documental de que apoyó públicamente candidaturas de otro partido. Esto implica la pérdida del cargo y limita la participación política futura del involucrado durante periodos determinados, reforzando el principio de lealtad partidista como base de la democracia colombiana. Este precedente legal busca garantizar la transparencia y disciplina dentro de las agrupaciones políticas, evitando confusiones entre los electores y conflictos de intereses.
¿Qué herramientas existen en Colombia para vigilar la transparencia pública? Existen plataformas como NINA, desarrollada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, la cual proporciona acceso abierto a datos sobre conexiones entre funcionarios públicos, empresas y contratistas. Esta herramienta permite visualizar y comprender posibles redes de intereses, contribuyendo a la vigilancia ciudadana y al periodismo investigativo. La existencia de estos sistemas fortalece la capacidad de la sociedad civil para fiscalizar la gestión pública y detectar prácticas irregulares o corruptas, algo indispensable en contextos donde la confianza institucional ha sido erosionada por escándalos y malas prácticas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
.svg)
