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Un operativo conjunto desarrollado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) permitió impedir el ingreso ilegal de partes de armas al país. El hecho tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, donde los organismos de control realizaron inspecciones en la zona destinada a tráfico postal. El cargamento incautado tenía origen en Miami, Estados Unidos, y su destino final era la ciudad de Cali. Su localización fue posible gracias a controles rutinarios que identificaron irregularidades al momento de escanear el envío con rayos X en los puntos de verificación aduanera.
Las autoridades reportaron que el paquete levantó sospechas ante inconsistencias entre la descripción declarada y lo que realmente contenía. Así se dispuso la apertura e inspección física, donde funcionarios hallaron 25 cañones para armas de fuego que se encontraban ocultos meticulosamente dentro de un asador metálico, disimulados entre la parrilla y otros elementos propios de ese artefacto de cocina. Según la Dian, este hallazgo evidencia una maniobra intencionada por parte de quienes planearon el envío, buscando evadir los filtros de seguridad y controles aduaneros existentes en este punto de acceso al territorio nacional.
De acuerdo con un comunicado oficial publicado por la Dian, la carga confiscada presentaba anomalías suficientes para activar las alertas de los sistemas de inspección. El comunicado subraya que el material prohibido fue identificado antes de que pudiera ser distribuido en territorio colombiano, lo que constituye un golpe relevante contra este tipo de actividades ilegales.
Una vez efectuado el decomiso, los cañones incautados quedaron en poder de la Policía Fiscal y Aduanera. Esta institución avanza actualmente con los procedimientos legales requeridos y las investigaciones respectivas, enfocándose en identificar a los responsables directos e indirectos, así como a la posible red delictiva implicada en el intento de ingreso de estas partes de armas.
La Dian se pronunció señalando que acciones de este tipo responden a un esfuerzo constante y coordinado para reforzar la seguridad nacional y enfrentar el contrabando, así como el tráfico ilícito de materiales como mercancías restringidas y armamento. Se enfatiza que las autoridades han redoblado la vigilancia en los envíos postales y de mensajería, canales frecuentemente elegidos para tratar de introducir estos elementos prohibidos en el país.
Este episodio se suma a otros resultados obtenidos recientemente en terminales aéreas dentro de Colombia. Un caso similar ocurrió en octubre de 2024, en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira. En esa ocasión, las autoridades lograron interceptar un arsenal compuesto por tres fusiles, diez pistolas, varios proveedores y más de 500 cartuchos de diferentes calibres.
El operativo en Palmira se activó después de que trabajadores de una aerolínea denunciaran una maleta abandonada en el área de filtros de seguridad. El subcomandante de la Policía Valle, coronel Pedro Pablo Astaiza, manifestó que dicho armamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se esclarecen los hechos y se identifica el grupo delictivo al que estaría destinado.
Finalmente, las autoridades reiteraron que estos casos reflejan tanto la complejidad de las estrategias propias de organizaciones criminales para ingresar armas al país como la importancia de sostener e intensificar los controles y la coordinación en los principales aeropuertos de Colombia.
¿Cuál es el destino final habitual de las armas incautadas en este tipo de operativos?
La pregunta sobre el destino final de las armas interceptadas por las autoridades es central para entender la respuesta institucional frente al tráfico ilegal de armamento. Resulta relevante no solo desde el punto de vista de la seguridad pública sino, además, por la importancia de evitar que estos materiales retornen al circuito criminal o sean mal administrados.
En el contexto colombiano, las armas incautadas suelen quedar bajo custodia de la Policía Fiscal y Aduanera mientras se cumplen los trámites legales. Posteriormente, según los procedimientos oficiales, son entregadas a la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de su resguardo y eventual destrucción, a fin de impedir nuevos riesgos para la sociedad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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