El exministro de Justicia Wilson Ruiz (octubre de 2020 – 7 de agosto de 2022) denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente Gustavo Petro por, según el exfuncionario, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y una responsabilidad penal por omisión. Las acusaciones contra el mandatario colombiano las presentó Ruiz ante el fiscal de la CPI, Karim Khan, y así comienza un largo proceso de resultado incierto que, por ahora, solo moverá en el ámbito internacional el nombre del jefe de Estado asociado a graves delitos que deberá confirmar ese tribunal que desde su fundación en 1998 ha procesado a tres mandatarios en todo el mundo.
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“Quiero decirles al país y al mundo que esta acción se basa en más de 20 pruebas documentales, incluyendo decretos presidenciales, testimonios públicos de guerrilleros y además reportes de organismos internacionales como la ONU, la Corte Internacional [quiso decir Interamericana] de Derechos Humanos; además, Amnistía Internacional y la Cruz Roja, que evidencian masacres, desplazamientos forzados y además un debilitamiento institucional y abandono territorial”, dijo Ruiz en las inmediaciones de la CPI en La Haya (Países Bajos). “No estábamos ante errores políticos; estábamos ante una política deliberada de omisión que ha permitido el fortalecimiento de estructuras delincuenciales y criminales en Colombia”.
“Hoy acudo ante la justicia internacional porque la impunidad no puede ser el camino. Esta denuncia es una voz firme en defensa de las víctimas, de la democracia, de la legalidad y además de los derechos humanos, […] y estamos dispuestos a llevarla hasta las últimas consecuencias”, concluyó Ruiz después de interponer su denuncia contra el presidente Petro. Hasta ahora, el único mandatario de América puesto ante los ojos de la CPI es el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, sin que ese proceso muestre avances significativos. Los únicos tres mandatarios que ha juzgado ese tribunal han sido Omar al-Bashir, Sudán (2009), Laurent Gbagbo, Costa de Marfil (2011) y Muamar el Gadafi, Libia (2011).
Ruiz busca que el nombre del presidente Petro llegue a esa ignominiosa lista, y para eso argumenta en su denuncia que el mandatario “consolidó a su llegada al poder una estrategia militar y política, con el fin de empoderar a los grupos terroristas que delinquen al interior del territorio nacional, abandonando a su suerte a la población civil (campesinos, niños, adultos mayores, líderes sociales, entre otros) que han sido víctimas de estas organizaciones criminales”. Para el exministro de Justicia, en la política de “paz total” de Petro “se profirieron […] decretos para realizar acercamientos y crear beneficios a los grupos criminales que han afectado el territorio nacional”.
Otro de los argumentos de Ruiz tiene como fundamento las denuncias sobre casos como el denominado ‘Pacto de la Picota’ mediante el cual, desde su campaña, el hoy mandatario habría tenido acercamientos (a través de su hermano Juan Fernando Petro) con criminales para que apoyaran sus aspiraciones. “Durante la campaña hacia la Presidencia y con el propósito de recibir apoyo político de estos grupos terroristas el jefe de Estado designó como negociador a su hermano Juan Fernando Petro Urrego, quien visitó una a una las cárceles donde se encontraban recluidos varios líderes de estos grupos terroristas, con quienes negoció sus beneficios de alcanzar la Presidencia de la República”, dice en otro de sus apartes la denuncia de Ruiz contra Petro.
Poco después de ganar la presidencia, las sospechas sobre el apoyo de delincuentes a la campaña Petro presidente cobraron más fuerza por declaraciones a medios del mismo Juan Fernando Petro, al asegurar que “efectivamente existía ese acuerdo [de La Picota] y que como consecuencia de ellos la campaña habría obtenido más de un millón de votos con los que ganaron la Presidencia”.
A la periodista Nena Arrázola, el hermano del presidente le aseguró: “Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”. Con estas afirmaciones el exministro Ruiz busca probar los delitos que le endilga al presidente Petro.
Además de todo esto, Ruiz expone ante la CPI como responsabilidad del mandatario los procesos de diálogo con diferentes grupos armados, lo que, en opinión del exministro, ha constituido una cesión de territorios. “[…] Se consolidó un abandono del Estado en estas regiones con marcada influencia de estos criminales, la ausencia premeditada de la fuerza pública en el marco de una clara estrategia diseñada por el Gobierno para que los terroristas aumentaran su hegemonía en estas regiones, desataron varios hechos de violencia contra la población civil, campesinos y líderes sociales, que son de interés de este tribunal”, dice la denuncia.
También subraya que “claramente la omisión de Estado ha permitido que en esas regiones se vulneren conductas tipificadas por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, este Gobierno contrario al fortalecimiento de sus fuerzas armadas ha menguado su capacidad de operación y limitado la presencia en los territorios”.
En resumen, Ruiz pide al fiscal Khan adelantar la denuncia contra el presidente Petro “por la responsabilidad a título de omisión, por los delitos tipificados en los artículos 7 – Crímenes de Lesa Humanidad, 8 – Crímenes de Guerra y 28 – Responsabilidad del jefe de Estado por Omisión del Estatuto de Roma, por los fundamentos jurídicos ya expuestos”. Ahora falta ver si ese proceso progresa en el tribunal internacional.
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