Se trata de Antonio Ballesteros, alias ‘Toño’, narcotraficante puro al servicio de ‘Chiquito malo’, heredero de ‘Otoniel’ y uno de los principales promotores del paro armado que hizo el ‘Clan del Golfo’ como respuesta a la extradición de su cabecilla principal.
La captura de alias ‘Toño’, con fines de extradición, se hizo efectiva en el kilómetro 23 de la vía Medellín- Llanos de Cuivá, cuando se desplazaba en una camioneta de alta gama en compañía de quien al parecer es su pareja sentimental.
(Vea también: Otro golpe al ‘Clan del Golfo’: a prisión, presuntos sicarios y líderes del grupo armado)
Es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas (México) por narcotráfico y concierto para delinquir, y es considerado un objetivo de alto valor por parte de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
Por otro lado, su modus operandi para el envío de cocaína al exterior era, según los investigadores, mediante lanchas ‘Go Fast’ que zarpaban desde la Costa Occidental del Golfo de Urabá (Unguía y Acandí) hacia países de Centroamérica como Panamá y Costa Rica, para finalmente hacer el envío a territorio norteamericano. Según la DEA, sería responsable de exportar al menos 12 toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos.
Ballesteros Vecino había sido capturado ya el 17 de marzo de 2014 por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, testaferrato, porte de armas de fuego y lavado de activos.
Tiempo después fue dejado en libertad y retomó sus actividades ilícitas asumiendo un gran poder narcotraficante en el departamento del Chocó.
La siguiente fase de la operación que se acaba de cumplir, tendrá como propósito la afectación de las finanzas de este narcotraficante, quien según se ha establecido tiene fincas y casas de lujo en sitios turísticos de Urabá, incluyendo hoteles.
Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz
Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.
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