Las defensas de Juan Camilo LLoreda y Harby Damián Rodríguez manifestaron en la audiencia contra los destituidos patrulleros que ellos estaban prestando un servicio de la Policía cuando tuvieron el enfrentamiento con Javier Ordóñez.
En ese sentido, le solicitaron a la jueza 29 de garantías que decidiera si el caso debía ser juzgado por la Justicia Penal Militar; sin embargo, ella señaló que no podía resolver la situación y envió la petición al Consejo Superior de la Judicatura.
Jhon Olmos, uno de los abogados de Rodríguez, detalló en El Espectador que la solicitud se hizo por la “escena” que sucedió en el CAI de Villa Luz, occidente de Bogotá; ahí, según los investigadores, murió Ordoñez por una golpiza que recibió.
“Los patrulleros ejercen una labor de vigilancia, cuidado y control y, si bien es cierto que hay un ‘uso excesivo de la fuerza’, digámoslo así, ese uso es permitido dentro de la Justicia Penal Militar, porque son actos de servicio”, dijo el jurista.
Además, Olmos señaló en el periódico que Lloreda y Rodríguez (este último habría intentado atentar contra su vida después de ser capturado) estaban utilizando el uniforme cuando redujeron a Ordóñez el 9 de septiembre.
“Cuando tienes el uniforme y haces parte de la Fuerza Pública, tienes esa garantía, por lo que, automáticamente, quien debe juzgar a los policías y militares es la Justicia Penal Militar”, agregó el abogado.
No obstante, la misma justicia de los militares fue la que dijo que el caso de los patrulleros no era competencia suya, y dejó el proceso en manos de la Fiscalía, que este sábado les imputó los cargos de tortura agravada y homicidio agravado, delitos que los uniformados no aceptaron.
Se desconoce cuándo el Consejo Superior de la Judicatura tomará la decisión. Mientras tanto, la audiencia contra Rodríguez y Lloreda, que habría intentado fugarse de la justicia, seguirá este domingo; les podrían imponer medida de aseguramiento.
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