Los autores de la misiva los lideran los exjefes negociadores del proceso de paz, Humberto de la Calle y Rodrigo Londoño, junto con sus respectivas delegaciones. Además, hay periodistas, defensores de derechos humanos, congresistas, exfuncionarios del gobierno, entre otras decenas de ciudadanos.
El objetivo central es manifestar una “profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.
Además, pidieron “que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se dé cuenta de los hechos mencionados en esta misiva”, y que buscan un proceso de paz exitoso para que sirva como ejemplo en todo el mundo, junto con su modelo de justicia transicional.
Los autores también recordaron que el primero de noviembre de 2018, James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), visitó Colombia e “insistió en la necesidad de permitir ‘que los magistrados de la JEP hagan su trabajo’”.
En la carta se lee que pese a este y varios de esos pronunciamientos de la comunidad internacional, los firmantes señalan que “el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional”.
Para ellos, es preocupante que buena parte de esas objeciones “están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomo el año pasado sobre esa ley”.
“En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaro constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica”, puntualizan.
Y adicionalmente critican que Duque no solo haya objetado esos seis artículos sino que haya anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, “lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.
Por último, señalan que para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, “debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea”.
Según dicen, si ese proceso no se da así, “habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas”.
Un ejemplo de esto para los firmantes es el riesgo que genera la “actitud” de Duque porque en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, el partido de gobierno también ha cuestionado el presupuesto del tribunal “calificándolo de exageradamente alto”.
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