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La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha desplegado un plan de acciones contundentes para hacer frente a la creciente ola de homicidios, extorsiones y actividades delictivas que afectan a Buenaventura. Tras un detallado análisis de la situación en el consejo de seguridad, la mandataria delineó estrategias innovadoras para proteger a la población bonaverence.
Con el objetivo de fortalecer la presencia policial, la gobernadora anunció la adquisición de 20 motocicletas que se pondrán al servicio de la Policía para incrementar su movilidad en la zona.
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Además, se establecerá un fondo de recompensa de $ 200 millones destinados al cartel de los más buscados en el Distrito, buscando así incentivar la colaboración ciudadana en la captura de criminales.
Las medidas no se limitan a la respuesta armada, la gobernadora, quien anunció recompensa por crimen del concejal de Tuluá, también planea caravanas institucionales, acompañadas por la fuerza pública, que llegarán a los lugares más afectados por la violencia. Estas caravanas no solo ofrecerán seguridad, sino también servicios y programas sociales para mejorar las condiciones de vida en los barrios y comunas más vulnerables.
Incentivo financiero
En el ámbito de la prevención del delito, se abrirán convocatorias para jóvenes interesados en unirse a la Policía, ofreciéndoles un incentivo financiero de 1 millón de pesos. Esta medida busca involucrar a la juventud en la construcción de un entorno más seguro y fomentar oportunidades de desarrollo.
La atención a víctimas también forma parte integral del plan. La Fiscalía será fortalecida, y se establecerá un punto de recepción de denuncias en lugares turísticos clave, como Juanchaco y Ladrilleros. Además, se contará con personal especializado, incluyendo psicólogas y abogados, para brindar atención integral a quienes han sufrido los estragos de la violencia.
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Para abordar la problemática en la zona rural, se anunció la presencia permanente de la Armada Nacional en áreas críticas donde se registran enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Esta estrategia no solo busca disminuir la violencia, sino también reducir los desplazamientos de la población afectada.
La implementación de la Línea 107 de las fuerzas militares permitirá a la comunidad reportar quejas, proporcionar información sobre narcotráfico y bandas criminales, así como contribuir al tema de recompensas.
La gobernadora, una de las seis elegidas en el país, subrayó la importancia de tener claridad respecto al proceso de paz y el futuro, solicitando una reunión con el Comisionado de Paz para comprender mejor el alcance de los diálogos en curso.
Pulzo complementa
Dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, acusan al director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, de estar involucrado en narcotráfico y otras actividades criminales. Los agentes, Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León, que trabajaron en misiones secretas infiltrando organizaciones criminales, afirman que la vicefiscal general, Martha Mancera, conoció sus denuncias y, en lugar de investigar al jefe del CTI, emprendió acciones en su contra.
Durante una reunión con altos funcionarios, los agentes informaron sobre sus hallazgos mientras velaban a su colega Mario Fernando Herrera Aparicio, quien fue secuestrado y asesinado por disidencias de las Farc en 2021. Según los investigadores del CTI, descubrieron que el director del CTI en Buenaventura tiene relaciones con bandas criminales y está involucrado en actividades de narcotráfico y tráfico de armas, asegurando tener pruebas de estos señalamientos.
Los agentes alegan que recibieron presiones para cambiar sus declaraciones y que la vicefiscal Mancera no ordenó investigar las denuncias contra el jefe del CTI, desatando en su lugar una persecución laboral y judicial contra ellos. Los agentes fueron trasladados y enfrentan cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, falsedad en documento público y fraude procesal. Martínez Ardila no respondió a las solicitudes de comentarios, mientras que Mancera indicó que no se pronunciará debido a la investigación en curso. Una fuente de la Fiscalía señala que los agentes podrían haber falsificado declaraciones, pero ellos sostienen que sus vidas están en peligro y buscan abordar el caso. La investigación sobre el director del CTI está en curso, y Mancera podría ser investigada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
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