La Secretaría de Movilidad de Bogotá encendió las alarmas frente al Proyecto de Ley 111 de 2023 del Senado y 219 de 2024 de la Cámara, el cual plantea modificar el uso actual de las ciclorrutas y ciclovías al permitir que ciclomotores de alta velocidad circulen por estas infraestructuras diseñadas exclusivamente para bicicletas.
La entidad advirtió que, de ser aprobada esta iniciativa, se pondría en riesgo la seguridad de miles de ciudadanos, especialmente de los usuarios más vulnerables como niños y jóvenes.
Aunque el Gobierno Nacional ha promovido el uso de medios de transporte sostenibles, como parte de su agenda ambiental y de movilidad, desde la administración distrital se aclara que esta intención no puede pasar por alto los riesgos asociados con el uso de vehículos motorizados en espacios pensados para bicicletas.
La Secretaría subrayó que estos ciclomotores pueden alcanzar velocidades de hasta 40 o 50 kilómetros por hora —o incluso más—, lo que resulta inseguro para transitar junto a bicicletas en la misma vía.
“Los vehículos contemplados por el proyecto de ley tienen capacidad para desarrollar altas velocidades y circular con un peso mayor al de una bicicleta convencional. Esta combinación podría provocar accidentes con consecuencias fatales, especialmente si se tiene en cuenta que muchos de los usuarios de estas vías son menores de edad”, señaló la Secretaría de Movilidad.
Uno de los puntos que más preocupa a la administración distrital es el impacto que tendría la medida en programas como Al Colegio en Bici, que beneficia a cientos de estudiantes de colegios públicos de Bogotá. Estos niños y adolescentes utilizan las ciclorrutas para trasladarse de forma segura a sus centros educativos.
Permitir que vehículos motorizados compartan el mismo espacio pondría en riesgo no solo su integridad física, sino también su derecho constitucional a la protección y a un entorno seguro.
“La iniciativa contradice los principios básicos de seguridad vial y vulnera los derechos de los niños, reconocidos por la Constitución. La coexistencia de ciclomotores con bicicletas en la misma infraestructura aumenta el riesgo de siniestros viales graves”, enfatizó la entidad.
Además, la Secretaría de Movilidad cuestiona varios vacíos técnicos del proyecto de ley. Por ejemplo, aunque se establece que el Ministerio de Transporte deberá reglamentar las características y especificaciones de estos vehículos, no se contempla la obligación de actualizar el Informe Policial de Accidentes de Tránsito para incluir su tipología. Esto dificultaría la correcta identificación de estos aparatos y limitaría la capacidad de los organismos de tránsito para ejercer control efectivo y hacer seguimfciiento a los siniestros en los que estén involucrados.
Otro aspecto crítico señalado por la entidad es que no se exigiría registro inicial, SOAT ni licencia de conducción a los ciclomotores que pesen menos de 60 kg o alcancen velocidades de hasta 40 km/h. Esta omisión representaría un serio obstáculo para garantizar una atención oportuna a las víctimas de accidentes, y debilitaría la capacidad de control por parte de las autoridades.
En ese sentido, la administración distrital propone que se exija una placa de identificación obligatoria para este tipo de vehículos, con el fin de facilitar su control y seguimiento. También se recomienda incluir sanciones claras para quienes conduzcan estos ciclomotores bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, ya que actualmente no se contempla una sanción efectiva para quienes no poseen licencia de conducción. A esto se suma que el control de la embriaguez no alcohólica carece de una reglamentación específica.
La Secretaría de Movilidad insiste en que el proyecto de ley, tal como está formulado, no solo es insuficiente para cumplir sus objetivos, sino que puede poner en riesgo vidas humanas. Por ello, solicita una revisión profunda que priorice la seguridad vial, especialmente de los usuarios más vulnerables de la cicloinfraestructura.
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