A Guillermo Escobar Castro, la Fiscalía le atribuye “presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios” suscrito en el marco de la declaratoria de calamidad pública por la pandemia del coronavirus.
Ese contrato por un valor de 3.036 millones de pesos se celebró en abril del año pasado para ubicar 15 albergues temporales con capacidad para 50 personas en vulnerabilidad que no tuviesen dónde pasar el aislamiento obligatorio decretado en Bogotá.
El documento también contempló la entrega de elementos de aseo y alimentos, y acompañamiento psicológico y médico a los beneficiarios, precisa la Fiscalía en un comunicado.
El ente acusador asegura que, con base en las pruebas que acopió en este caso, Escobar Castro “al parecer, desconoció principios de trasparencia y planeación, no tuvo en cuenta a otras entidades en el proceso de contratación y, supuestamente, direccionó el contrato hacia una institución específica”.
“Adicionalmente, hay indicios de que [Escobar Castro] habría pasado por alto parámetros definidos en el Manual de Procedimiento de Contratación”, agrega la Fiscalía.
Por esa razón, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó al funcionario los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Sin embargo, Escobar Castro no aceptó los cargos por los que la Fiscalía lo presentó ante un juez.
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