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La captura de dos capitanes de una embarcación que transporta personas desde el Urabá antioqueño hacia Chocó llevaron a que se presentara una nueva crisis migratoria en esta subregión del departamento, debido a que las empresas transportadoras decidieron suspender sus operaciones y no vender tiquetes a población migrante, argumentando falta de garantías para realizar su labor.
Esta decisión se tomó en un Consejo Extraordinario de la Mesa Migratoria, en el que los transportadores manifestaron que no hay claridad en las condiciones que pueden desempeñar su labor de transportar personas sin correr el riesgo de que sean capturados y posteriormente procesados por el delito de tráfico de migrantes, tal como ocurrió con estas dos personas el pasado 23 de febrero.
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La decisión se toma de manera indefinida y afecta a las seis empresas que prestan servicio en los puertos de Turbo (cuatro) y Necoclí (dos), mientras se define quienes deben hacer los controles para establecer quiénes pueden ser transportados y quienes no, labor que los gremios de embarcaciones aseguraron que deben realizar las autoridades competentes en los puertos y no ellos.
“Que ellos como es el deber ser certifiquen la condición migratoria de ellos, que si es posible porque es que un capitán de una embarcación no va repitiendo, me va a preguntar cuál es su destino que no simplemente está trasladando los pasajeros, entonces necesitamos que nos certifiquen la condición migratoria y que sí los podemos transportar”, expresó Mario Bustamante, uno de los representantes de estas empresas, quien aseguró que las pérdidas por cada día que dejen de operar pueden ascender a los 70 millones de pesos, sin contar las cargas prestacionales de sus trabajadores.
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Debido a esto, más de 1.500 personas se encuentran represadas en estos municipios del Urabá antioqueño a la espera de encontrar una solución para poder continuar su recorrido, inicialmente hacia Chocó y posteriormente hacia la selva del Darién para seguir con su recorrido hacia Panamá. Sobre estas se cierne el temor que esta problemática se agudice ante la llegada de más migrantes en los próximos días.
La secretaria de Gobierno de Turbo, María Indira Fadul, indicó que “fuera del muelle hay un sinnúmero de extranjeros, de personas que desean viajar represados, hacinados, a los que no se les puede garantizar la alimentación, la acogida ni los servicios de salud”.
Estas embarcaciones pueden movilizar hasta 2.000 personas todos los días y ya se encendieron las alarmas en materia de salubridad en Turbo, Necoclí, Apartadó y Chigorodó, principalmente, por la gran congestión de la población migrante que está atrapada, lo que llevó a las autoridades de esta subregión pedir la intervención del Gobierno Nacional para solucionar esta problemática. Muchos se encuentran en situación de calle mientras logran continuar con su recorrido.
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“Hacemos un llamado a la Dimar para que se haga presente en este escenario y a todos esos entes gubernamentales para que nos apoyen, porque a vida cuenta este es un problema que está atacando a toda la región de Urabá y el Chocó también ese está viendo afectado en Acandí. Necesitamos la ayuda del nacional que se haga presente, doctor Gustavo Petro, por favor, atienda esta problemática que lo necesitamos”, manifestó la secretaria Fadul.
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Sin embargo, el gobierno de Panamá aseguró que continuará con los operativos para controlar la migración por el Tapón del Darién, ante la crisis humanitaria que se viene presentando en la zona, teniendo en cuenta que diariamente están pasando más 1.600 personas por este corredor, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
Juan Pino, ministro de Seguridad Pública de Panamá, manifestó que “tenemos el bloqueo marítimo y hemos confiscado más de 40 lanchas. Es un tema de responsabilidad humanitaria y el capitán es el responsable de la lancha”.
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Y a menos que haya alguna novedad, este cese de actividades de las empresas transportadoras marítimas del Urabá antioqueño durará, por lo menos, hasta este jueves, cuando haya una reunión con las autoridades nacionales, en las que se hablará de las reglas de juego para saber cómo pueden continuar prestando su servicio sin verse implicados en temas legales.
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