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Escrito por:  Julian Bermúdez
Editor     Ene 2, 2025 - 8:35 am

En el cierre del 2024, el Gobierno, por medio del Ministerio de Salud, confirmó lo que muchas consideran ínfimo aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este es el pago que el Gobierno debe girar a las EPS por el servicio que les prestan a los colombianos y desde hace varios años ha sido una discusión entre las partes.

Sin embargo, desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) esperaban que el aumento fuera mayor, debido a la crisis que hay en muchas EPS. Esto, al no suceder, “pone en riesgo la salud y la vida de los pacientes en el país”, aseguró en Caracol Radio Ana María Vesga, presidenta de esa asociación.

Ella también habló en Noticias Caracol y señaló que sin el ánimo de ser “fatalista”, sí hay algunas consecuencias muy graves porque las desfinanciación a las EPS va a provocar una crisis sin precedentes y hasta imposible de imagina. “el sistema no se apaga de la noche a la mañana, se apaga lentamente”, aseguró.

(Vea también: ¿Qué es la UPC y por qué deben tenerla en cuenta los colombianos con EPS para 2025?)

Entre las consecuencias que se pueden imaginar desde Acemi están el cierre de los servicios (como cierre de camas o de centros de atención), más barreras para atender a los pacientes o la imposibilidad de pagar los sueldos de los prestadores de salud.

De hecho, Vesga también recordó que por medio de la Superintendencia de Salud, el Gobierno controla la atención en salud de cerca de 28 millones de colombianos afiliados a más de 5 EPS intervenidas por esta entidad. Entre las más importantes están Sanitas, Nueva EPS, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, entre otras.

“El aumento de la UPC es insostenible para el sistema”, dijo Ana María Vesga en Noticias Caracol, pero Acemi no es la única asociación en manifestarse públicamente pues la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) también emitió un comunicado.

En un comunicado, esta asociación que ha apoyado al presidente Gustavo Petro en la reforma a la salud, señaló que tenía “profunda preocupación” porque “el ajuste de la UPC resulta insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo establecido en un 9,54 %. Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70 % de sus presupuestos operativos”.

Así como lo aseguró Acemi, “esta falta de cumplimiento oportuno y completo en los pagos, colocan en grave riesgo la continuidad de la prestación de servicios esenciales, afectando directamente a la población más vulnerable del país”.

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Como esta decisión es un acto administrativo por parte del Gobierno, esta puede ser modificada, razón por la que ‘el balón está en territorio’ del Ministerio de Salud. No obstante, hasta el momento no han dado ninguna razón ni justificación sobre el aumento del 5,36 %. 

Desde Acemi aseguran que están dispuestos a sentarse en mesas con el ministerio para poder encontrar puntos en común que los lleve a una solución conjunta que no afecte a las EPS.

En esa misma línea está Acesi, que le pidió al Gobierno:

  1. Revisar y ajustar la UPC, de manera que refleje el impacto real del incremento del salario mínimo.
  2. Implementar mecanismos efectivos que garanticen el flujo oportuno de recursos desde las EPS hacia los hospitales públicos.
  3. Estimar los costos reales de la prestación de servicios en colaboración con los prestadores de salud, quienes enfrentan los desafíos operativos y financieros del sistema.
  4. Promover medidas estructurales que fortalezcan la estabilidad financiera de las ESE y aseguren la prestación de servicios de calidad.

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