En primer lugar, la organización defensora de derechos humanos aseguró que los avances en las investigaciones contra los funcionarios señalados de extralimitar sus funciones para controlar las manifestaciones “han sido muy limitados”.
Así lo explicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que también hizo un llamado al Gobierno:
“Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes. Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la fuerza pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados”.
Los casos
HRW comienza su informe con la muerte del joven Dilan Cruz, luego de ser herido por un agente del Esmad, pero no fue la única situación grave que encontró. Varios de ellos reseñan golpizas y detenciones arbitrarias a varias personaso “expulsiones arbitrarias” de venezolanos.
Natalia Gema Racero Cruz
El 22 de noviembre la joven salió a trabajar pero no encontró transporte por las manifestaciones y decidió devolverse a su casa. “En el trayecto vio que la policía disparaba cartuchos lacrimógenos a los manifestantes, por lo que se alejó corriendo junto con otras personas. Seis agentes la sujetaron y le dijeron que la detenían para su ‘protección'”.
La llevaron a una estación de Transmilenio, “donde un agente le tocó los senos en dos ocasiones para ver si escondía algo”y luego la encerraron en una sala con otros detenidos.
Luego la subieron a una camioneta, le dieron golpes en la cabeza y la espalda con un bastón y le dijeron que cantara para que no le pegaran. La llevaron a la estación de Policía de Kennedy, y dos horas después, la liberaron.
Cristian Angarita Lizarazo y Diana Pinzón
Pinzón, de 23 años, y Angarita, de 22, volvían a su casa luego de cubrir las manifestaciones como parte de un trabajo para la universidad cuando fueron rodeados por motorizados cerca de Los Andes.
Un policía sujetó a Pinzón por su chaqueta y le preguntó qué estaba haciendo. Angarita le mostró al policía un pase de prensa pero un agente lo tumbó de un puntapié y lo golpeó con un bastón.
Pinzón intentó impedir la agresión pero un agente la arrojó al suelo mientras otros le propinaban golpes de puño y con sus bastones. Un policía le cortó la chaqueta con tijeras para sacarle la cámara fotográfica. Más tarde Pinzón perdió el conocimiento y los agentes la dejaron en la calle en ese estado, contó. Vecinos del sector la llevaron al hospital con contusiones en varias partes del cuerpo y no pudo caminar por sus propios medios hasta el 4 de diciembre.
Mientras tanto, a Angarita lo llevaron a la estación de Policía de la Candelaria y lo obligaron a firmar un documento donde se indicaba que había sido detenido por comportamiento agresivo. Luego lo liberaron sin haberlo llevado ante autoridad judicial alguna.
Carlos Steyler Obregón Ramírez
Obregón Ramírez, de 24 años, regresaba a su casa y vio a manifestantes y policías corriendo. Empezó a hacer lo mismo y un policía lo alcanzó, lo tumbó al suelo y le dio una patada en el rostro. Otros agentes lo golpearon con sus bastones en el cuello y el abdomen.
Los uniformados lo esposaron y lo obligaron a subirse a la parte trasera de una moto. Lo llevaron a una estación de Policía, donde lo siguieron golpeando con un bate y le aplicaron descargas eléctricas con una pistola Taser en el rostro, el abdomen, la espalda y el cuello, pese a que no mostró ninguna resistencia.
Duván Villegas Benítez
Villegas Benítez, de 27 años, salió de su casa en Cali el 21 de noviembre con la intención de participar en la protesta y sobre las 6:30 p.m., cuando se dirigía al sector del Puente del Comercio para recoger una bicicleta, tres policías en motocicletas lo siguieron.
Uno de ellos le disparó por la espalda y fueron los vecinos del lugar lo llevaron hasta una clínica. El informe médico indica que Villegas fue herido por un “arma de fuego” y presentaba “esquirlas metálicas” en el cuerpo. Se encuentra bajo observación médica y los médicos han informado a su familia que es poco probable que pueda volver a caminar.
Jonathan Castellanos Vargas
Castellanos Vargas, de 25 años, caminaba con dos amigos por el barrio Policarpa en Bogotá cuando vecinos armados con palos y bastones les gritaron, los increparon llamándolos venezolanos y les dieron una golpiza en la calle. Poco después llegaron policías que se llevaron a Castellanos Vargas a un centro de detención. Sus amigos salieron corriendo.
En el centro de detención, dos agentes le advirtieron que no los mirara, mientras lo golpeaban con un bastón y una barra. Le dieron golpes en la mano izquierda, ambos brazos y antebrazos, y también en las piernas. Quince minutos después, lo llevaron a una estación de Policía, donde policías y soldados volvieron a golpearlo, hasta que simuló desmayarse. La policía finalmente lo liberó.
Al día siguiente acudió a un hospital, donde le diagnosticaron fractura de la mano izquierda y múltiples contusiones.
Miguel Ángel Calderón
El 22 de noviembre, el venezolano Calderón, de 36 años, fue detenido y expulsado de Colombia luego de que grabara con su teléfono un video mostrando la calle donde el presidente Duque tiene una casa y donde ese día se desarrolló una protesta.
Varios policías lo llevaron a un Comando de Acción Inmediata de la Policía, donde inspeccionaron su teléfono y le preguntaron “si le habían pagado para espiar al presidente Duque” o “si trabajaba para Nicolás Maduro”. El video de 52 segundos que grabó Calderón se realizó desde cierta distancia y no muestra en ningún detalle la vivienda del presidente.
Aunque el derecho colombiano establece que los inmigrantes que vayan a ser expulsados no pueden estar detenidos más de 36 horas, Calderón lo estuvo por 48 horas. Un funcionario de Migración Colombia le informó que iba a ser expulsado del país.
Pese a varios recursos de su abogada, Calderón fue expulsado el 18 de diciembre y se le prohibió regresar a Colombia por cinco años, pero el 5 de febrero, revocaron el fallo y sostuvo que Migración Colombia había violado el derecho al debido proceso. El juez suspendió la resolución de expulsión y la orden que prohibía a Calderón regresar a Colombia.
Deivi Javier Wickham Pérez
Wickham, venezolano de 20 años, fue arrestado el 23 de noviembre y, esposado, lo llevaron hasta una estación de Policía en Bogotá. Los agentes no le mostraron ninguna orden de detención ni le indicaron por qué se lo llevaban.
Al día siguiente su pareja fue a buscarlo, pero un funcionario de inmigración le indicó que no podía verlo, que se encontraba bien y que sería liberado al día siguiente, pero eso no sucedió y en cambio lo llevaron al aeropuerto militar para expulsarlo hacia Venezuela. Migración Colombia no le indicó el motivo de esa medida.
Wickham fue trasladado en avión hasta Puerto Carreño y en una embarcación hacia El Burro, en el estado venezolano Apure, sin tener dinero. Desde diciembre la pareja está esperando respuesta sobre la información oficial para expulsar al joven.
La abogada de Wickham indicó que al menos tres de los 59 venezolanos expulsados del país ese día tenían estatus legal, pero se les negó la posibilidad de que sus casos fueran revisados.
Frank Melo Restrepo
El 21 de noviembre, al menos 10 policías golpearon con bastones en la cabeza y la espalda y detuvieron a Melo Restrepo, de 30 años, mientras participaba en una manifestación en Bogotá.
Los agentes subieron con violencia a Restrepo a una camioneta policial, sin expresar los motivos de la detención. Lo retuvieron en el vehículo cuatro horas y lo llevaron a una unidad de detención.
Al día siguiente, dijo su abogado, un policía lo acusó de atacar a miembros de la policía durante la manifestación y le propinó puñetazos y puntapiés en el rostro, causándole contusiones en el ojo derecho. A las 4 p.m., acompañado por su abogado, tuvo una audiencia en la que el juez le informó que había sido detenido por agredir a tres policías, un señalamiento que Restrepo niega.
Detención arbitraria de periodistas
El 7 de diciembre, la policía detuvo a tres comunicadores que cubrían una manifestación pacífica en el aeropuerto El Dorado. Una de las periodistas, que pidió que no se divulgara su nombre, aseveró que antes de ser detenida, se había acercado a unos policías que estaban deteniendo a dos manifestantes para preguntarles por qué se los llevaban. Le respondieron que se fuera, pero ella se negó a obedecer.
Diez minutos después, dos policías la sujetaron por las muñecas e intentaron tomar su teléfono celular. La periodista se negó a entregarlo. Según contó, los agentes la llevaron hasta un autobús policial, la subieron jalándola del cabello, luego la trasladaron hasta una unidad de detención administrativa informándole que la detenían para su “protección”.
La policía la liberó cinco horas después, pero le entregó un documento en el que le exigían pagar una multa, explicó la periodista a Human Rights Watch. La policía no le entregó un informe que indicara el motivo de su “traslado”, pese a que así lo exige el derecho colombiano.
¿Qué ha pasado?
HRW puntualizó que el 22 de enero el entonces fiscal general (e), Fabio Espitia, señaló que su institución estaba investigando 72 casos de posibles abusos perpetrados por policías durante las protestas. Para ese momento, ninguna persona había sido imputada.
Mientras que el Ministerio de Defensa indicó a esa organización el 3 de marzo que la justicia penal militar estaba adelantando 32 investigaciones, incluyendo sobre la muerte de Dilan Cruz y 18 casos de lesiones, pero sun agentes imputados.
El Ministerio también indicó que la Policía Nacional había iniciado 44 investigaciones disciplinarias en relación con las protestas, incluidas 27 por “abuso de autoridad”, 6 por “agresión física”, 2 por “privación ilegal de la libertad” y 2 por “homicidio”.
Seis de los 44 casos habían sido cerrados y ocho habían sido remitidos a la Procuraduría General de la Nación. Al 13 de febrero, la Procuraduría General de la Nación estaba adelantando cuatro investigaciones disciplinarias, pero no había imputados.
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