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El martes 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití, que reemplazará a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. Esta nueva fuerza ampliará sus capacidades y tendrá la iniciativa para enfrentar a las bandas criminales que controlan el 90 % de Puerto Príncipe. Sin embargo, el financiamiento y la crisis política que atraviesa el país mantienen el escepticismo sobre su éxito.
Basta leer los nombres, la retórica habla: de Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) a Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF). Lo que había empezado como un apoyo ahora se transforma en acción.
No es pequeña la tarea: las pandillas “a eliminar” controlan más del 90% de Puerto Príncipe, la capital, y analistas señalan que están mejor organizadas y tienen más capacidades que las fuerzas oficiales.
El precedente lo resume bien: la MSS, liderada por Kenia, tenía que haber desplegado 2.500 policías, pero solo ha logrado llevar 970 miembros, 700 de los cuáles son de la propia Kenia.
Tenía que haber tenido 800 millones de dólares de presupuesto operativo durante el primer año, pero apenas llegó a los 115 millones.
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La GSF empezará con promesas renovadas: un despliegue de 5.500 entre policías y, ahora como novedad, también, militares. Dejará de ser únicamente un apoyo a la policía y podrá hacer operativos por su propia cuenta, incluyendo la detención de líderes pandilleros.
Ya no será liderada por Kenia, sino que estará coordinada por la propia ONU: lo harán desde una oficina técnica encargada de brindar respaldo logístico, movilizar recursos y organizar las operaciones, compuesta por 50 civiles y con una duración de 12 meses.
“La ausencia de una resolución habría enviado una señal política desastrosa. Su adopción transmite un mensaje a los grupos criminales y a sus potenciales aliados”, asegura, en conversación con France 24, Romain Le Cour Grandmaison, Director del Programa Haiti para Global Initiative (GI-TOC), quien considera imprescindible prestar atención a las reacciones a esta resolución de las pandillas en la capital y en su actual expansión hacia provincias.
Pero más allá de la necesidad de la resolución, para Le Cour Grandmaison todavía quedan incógnitas: ¿qué pasará con la MSS? ¿Cuándo se desplegará la GSF? ¿Cómo se va a financiar? La ONU clarificaba que el presupuesto dependerá de las contribuciones individuales de los Estados dispuestos a colaborar.
Expectativa por la Fuerza de eliminación de Pandillas
En 30 años, Haití ya ha tenido más de una decena de misiones de las Naciones Unidas. Pero la situación es tan desesperada en el país caribeño que, tras aprobarse este nuevo despliegue en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -con 12 votos a favor, sin vetos, aunque con la abstención de Rusia, China y Pakistán-, las reacciones han sido, en general, positivas.
El Gobierno de Kenia ha hablado de un “avance positivo”; desde la vecina República Dominicana aseguran que representa “un paso decisivo hacia la estabilidad social, política y económica, no solo de Haití, sino de toda la región”; mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que es “un paso vital hacia el restablecimiento de la paz y la seguridad”.
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En Haití, el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Laurent Saint-Cry, celebró que su “grito de alarma lanzado a la tribuna de las Naciones Unidas sobre la urgencia absoluta de restablecer la seguridad ha sido entendido”; mientras que el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, aseguró que “constituye un avance importante en la colaboración entre Haití y la comunidad internacional”.
Una reivindicación de las autoridades de Haití que, en conversación con France 24, pone en cuestión Pierre Esperance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
“No creo que las instituciones haitianas estén contentas. Es hipocresía, porque los actuales gobernantes no han hecho nada para luchar contra las pandillas; estas han sido más poderosas y han ocupado más territorio”, dice, aunque reconoce que el sentimiento es distinto entre la población: “Los haitianos están muy contentos con esta misión porque lo que había hasta ahora no ha funcionado. Estamos cansados del terrorismo y no hay vida: la clase media está completamente destruida”.
Para Le Cour Grandmaison, los haitianos están a la expectativa. “El país se encuentra suspendido de un hilo, y es comprensible que la población reciba este nuevo plan con escepticismo. La ciudadanía espera sobre todo resultados tangibles e impactos concretos en la vida cotidiana, en la posibilidad de llevar una vida normal”, y cree que resultados a corto plazo serán clave, mientras que un retraso en el despliegue de la misión puede aumentar los riesgos
Preocupación entre las organizaciones de Derechos Humanos
En uno de los puntos de la resolución de la ONU aparece que se actuará, “conforme al derecho internacional y los Derechos Humanos, según proceda”. Una frase que levanta suspicacias, especialmente tras una serie de episodios recientes.
El pasado 20 de septiembre dos drones kamikazes que buscaban asesinar al líder pandillero ‘Djouma’ en Puerto Príncipe causaron la muerte de ocho niños.
Fue el tercer operativo que afectó a civiles desde que se empezaron a usar en marzo y se calcula que en estos ataques han muerto 30 inocentes, mientras que ha habido unos 300 pandilleros asesinados.
Si esto ocurrió durante la misión de apoyo queda por ver cómo será la respuesta en la nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas. Los grupos criminales están formados entre un 30 y un 50% por menores, según datos de la ONU, mientras que tienen presencia en prácticamente todos los barrios de la capital, repartidos entre la población, por lo que el respeto de los derechos de los menores y de los civiles puede verse afectado.
“Los activistas de los Derechos Humanos vigilaremos esta misión porque hay que proteger a los civiles e impedir que haya daños colaterales”, dice Esperance.
Concuerda Le Cour Grandmaison: “Esto constituye un desafío adicional para la futura GSF: la necesidad de establecer un mandato claro, responsable y transparente.
Una crisis que también es política
Según datos de la ONU, a 30 de junio, la violencia en Haití se había cobrado 3.137 muertos. Mientras que el deterioro de la situación, especialmente desde 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ha dejado más de 1,3 millones de personas sin hogar.
La pobreza y el hambre acechan: 5,7 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.
Para responder a todos estos retos, actualmente hay un Consejo Presidencial de Transición en Haití, que ejerce funciones ejecutivas.
Está formado por 9 miembros, 7 con derecho a voto, mientras que la autoridad presidencial es transitoria.
Su reto principal era celebrar elecciones, pero el plazo límite para formar un nuevo Gobierno es el 7 de febrero. No parece que esto vaya a ocurrir, mientras la institución enfrenta crisis por su parálisis y sospechas de corrupción e incluso cooptación por las pandillas.
Por lo que además del despliegue de la misión, para Le Cour Grandmaison Haití necesita una respuesta política. “No existe todavía un plan para ello. (…) Los próximos meses serán decisivos para el futuro del país (…) El despliegue de la fuerza, por sí solo, no será suficiente”.
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