Con el más reciente comunicado conjunto de Colombia, Brasil y México —los tres países que hasta ahora vienen buscando una salida negociada de Nicolás Maduro del poder— pareciera que el régimen se estuviera quedando aún más aislado. Los gobiernos de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador se sumaron a la exigencia internacional de que se muestren las actas de los escrutinios, pero no establecen un plazo para eso, con lo cual sigue corriendo el reloj, y eso favorece al régimen.
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Esos tres países tampoco reconocen al chavista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, ante el que acudió Maduro para que validara la elección) como instancia para dirimir la crisis, y señalan de esa responsabilidad al oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE). Señalaron que “parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales”, según el comunicado conjunto.
Los resultados electorales del 28 de julio, en los que fue proclamado Maduro como vencedor con el 52% de los votos frente a un 43% de Edmundo González Urrutia, han sido cuestionados después de que la oposición denunciara fraude y el CNE señalara que fue víctima de un jaqueo y no publicara el detalle del escrutinio. Pero el Centro Carter, invitado por el régimen de Venezuela para observar las elecciones, después de señalar irregularidades en la jornada electoral también aseguró que no hay evidencia de tal jaqueo.
El chavismo desestima las pruebas de la oposición, mientras que el canciller Yván Gil acusó al Centro Carter de mentir “descaradamente”. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez (hermana del presidente de la chavista Asamblea Nacional Jorge Rodríguez) se burló y quiso hacer chistes con la grave irregularidad de no mostrar las actas. “Hay una histeria internacional sobre las actas; podrían hasta hacer una serie de Netflix: ‘Las actas en Venezuela, histeria colectiva’. Me disculpa el embajador de Francia, pero es que hasta tapó las Olimpiadas, las actas tapan las olimpiadas en Francia”.
Así, el tiempo corre y Maduro se sigue atornillando al poder, ofreciendo como única respuesta una brutal represión contra todo aquello que le huela a oposición. Tras los resultados, estallaron protestas en el país que se saldaron con al menos 24 muertos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, y más de 2.200 detenidos, según Maduro. Pero Julio Borges, expresidente de la Asamblea de Venezuela, habla de más de 3.000 detenciones arbitrarias. El caos en el vecino país no permite tener las cifras claras.
En las últimas horas fueron denunciadas las capturas irregulares de los exdiputados Américo De Grazia y Williams Dávila. Tanto el candidato ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, como la líder opositora María Corina Machado han limitado sus apariciones públicas. Maduro ha pedido cárcel para ambos y Machado, incluso, ha dicho que teme por su vida. Estados Unidos, no obstante, advirtió a Maduro sobre una presión internacional “que no podría imaginarse” si Machado y González Urrutia son arrestados.
“Creo que sería un paso que podría movilizar aún más a la comunidad internacional, incluso a aquellos que de alguna manera simpatizan y no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela”, dijo el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, en el Atlantic Council.
Washington no ha tomado por ahora medidas concretas contra Caracas y, según Mora, el gobierno de Joe Biden quiere dar espacio a Brasil, Colombia y México para que puedan “trabajar y encontrar un modo de avanzar”. Machado también ha dado un voto de confianza a las gestiones de estos tres países, pues ha asegurado que no descarta que logren establecer una solución “efectiva” para Venezuela a través de una negociación.
Maduro, también, anunció la suspensión por 10 días de la red social X (antes Twitter) alegando que han violado sus propias normas en medio de un “ataque” contra su cuestionada reelección. La plataforma, que dejó de funcionar pasadas las 9:00 de la noche de este jueves, es uno de los medios a través de los cuales los venezolanos pueden mostrarle al mundo lo que ocurre dentro de su país. Ahora no lo podrán hacer durante diez días, pero ese plazo podría prolongarse si da el resultado que espera Maduro: incomunicar a la oposición.
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