Las autoridades españolas revelan que estas mujeres vivían en apartamentos alquilados en Burgos y que en Colombia se encontraban en situación de “indefensión y especial penosidad”.
Las víctimas, todas ellas mayores de edad y menores de 30 años, recibían amenazas, también contra sus familias, para obligarlas a ejercer la prostitución.
La red les ofrecía oportunidades ficticias de trabajo y les pagaba el viaje a España, así que contraían una deuda que tenían que saldar por medio de la prostitución, lo que indica un típico ‘modus operandi’ de este tipo de bandas criminales.
La investigación comenzó a finales del año pasado gracias a la denuncia de una de las mujeres explotadas, aunque se vio dificultada porque la banda cambiaba las viviendas cada poco tiempo, así como por el largo periodo de confinamiento obligatorio en España debido a la epidemia de COVID-19.
La Policía atribuye a los detenidos, todos ya en prisión provisional, los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución y pertenencia a organización criminal.
Las víctimas fueron puestas bajo la protección de organizaciones especializadas en apoyo social, sicológico y laboral en estos casos, además de proporcionales un lugar provisional de residencia.
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