Ago 26, 2026 - 9:37 am

El gobierno de Donald Trump prepara una nueva ofensiva migratoria que podría poner en riesgo hasta 200.000 visas de personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos con permisos de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.

La revisión, que ya está en marcha, contempla visas expedidas entre 2016 y 2026, aunque el Departamento de Estado todavía no ha establecido cuántas serán finalmente revocadas.

La estrategia no busca prohibir directamente que quienes ingresaron como turistas soliciten asilo. En cambio, Washington pretende utilizar las facultades que tiene para cancelar las visas originales.

Según el Departamento de Estado, quienes obtuvieron una visa B1/B2 declararon que su intención era realizar una visita temporal y regresar a sus países. Por ello, la administración considera que solicitar asilo posteriormente podría indicar que algunas personas no tenían realmente intención de regresar o utilizaron el sistema para prolongar su permanencia.

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El caso del colombiano Humberto “Beto” Coral es utilizado por funcionarios estadounidenses como ejemplo de lo que consideran un abuso del sistema. Coral ingresó al país en 2015 con visa de turista y posteriormente solicitó asilo, alegando amenazas en Colombia.

Su solicitud permaneció pendiente durante años. En junio de 2026 fue detenido por autoridades migratorias y, tras permanecer cerca de un mes bajo custodia, aceptó abandonar Estados Unidos y retirar su solicitud. Regresó a Colombia el 17 de julio.

Sin embargo, la legislación estadounidense permite que una persona que se encuentre legalmente en el país solicite asilo posteriormente, incluso si su estatus migratorio ya expiró, siempre que cumpla los requisitos establecidos.

Además, pedir protección no demuestra por sí solo que el solicitante haya mentido al obtener su visa, pues las circunstancias en su país pueden cambiar después.

La medida podría generar una batalla judicial. Aunque la ley otorga amplias facultades al Departamento de Estado para revocar visas, los tribunales deberán determinar si esas facultades permiten cancelar masivamente documentos únicamente porque sus titulares solicitaron asilo.

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