La promesa de una vida mejor en Estados Unidos ha llevado a miles de personas a emprender un viaje arduo y peligroso, en muchos casos, a través de la selva del Darién. De hecho, como se ha intensificado la crisis migratoria, Panamá ya tomó medidas.
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Este fenómeno, originado, además, por la desesperación que se vive en países como Colombia y Venezuela, que enfrentan una combinación de factores, como la violencia, la falta de oportunidades económicas y la inestabilidad política, ha hecho que aumente el número de migrantes ilegales.
Según la agencia para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CPB por su sigla en inglés), el flujo de migrantes colombianos hacia ese país ha vuelto a dispararse, luego de dos meses consecutivos con tendencia a la baja, explicó El Tiempo.
En agosto de este año se registraron 9.811 arrestos, en su mayoría en la frontera sur, indicó el periódico. Es decir, se presentó un incremento del 50 % comparado con el mes de julio (6.625) y del 60 % en relación con junio.
Durante los 11 meses que van del año fiscal 2023 se han registrado 152.974 arrestos de colombianos, una cifra récord que supera con los arrestos hechos el año pasado 2022 (130.971), agregó el rotativo.
Estas cifras dejan en evidencia que en los últimos dos años ha aumentado drásticamente la migración irregular de colombianos hacia Estados Unidos. En 2021, el número de arrestos fue solo de 10.000.
Multas por migrar ilegalmente a Estados Unidos
El final del Título 42, norma migratoria creada por Estados Unidos durante la pandemia, significó mayor dureza en las sanciones que reciben las personas que llegan a ese país de manera ilegal. El Título 8, que es el que se aplica actualmente, establece fuertes medidas contra los migrantes irregulares.
Según lo establece la legislación regular, una persona deportada por primera vez por tratar de ilegalmente a EE. UU. (o estar de manera ilegal en ese país) queda vetada de manera automática por 5 años.
Ahora, si la persona regresa a Estados Unidos y es arrestada nuevamente, las sanciones se incrementan y contemplan penas de prisión de hasta 10 años y multas económicas de hasta 250.000 dólares ($ 976’182.500).
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