
El gobierno interino de Perú decretó este martes estado de emergencia en Lima y el puerto del Callao, en un intento desesperado por contener la escalada de asesinatos y extorsiones que han sumido a la capital en una de sus peores crisis de seguridad.
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La medida, que comenzará a regir desde la medianoche de este miércoles y se extenderá por 30 días, permitirá la salida de las Fuerzas Armadas a patrullar las calles junto a la Policía Nacional, además de la restricción de derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
El anuncio fue hecho por el presidente José Jerí, quien en un breve, pero contundente mensaje televisado declaró que el país ha llegado a su límite frente al poder del crimen organizado.




“La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias… pero esto se acabó”, dijo Jerí, al afirmar que su gobierno pasará “de la defensiva a la ofensiva” contra el hampa.
Caos y tensión en Perú
La decisión marca la primera gran acción del nuevo gobierno, apenas dos semanas después de asumir el poder tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte, removida por el Congreso el pasado 10 de octubre en medio de una ola de indignación por la falta de control de la inseguridad ciudadana.
En Lima y el Callao, donde viven más de 10 millones de personas, el miedo se ha vuelto cotidiano. Las denuncias por extorsión se dispararon de 2.396 en 2023 a más de 15.000 en 2024, un incremento del 540 %, según cifras oficiales. Solo este año, 47 conductores han sido asesinados por sicarios, mientras bandas criminales disputan territorios y control sobre el transporte.
Alerta por fuerte represión en el Perú
La tensión social creció en los últimos días luego de que el anuncio del posible estado de emergencia provocará protestas masivas en la capital. El pasado 15 de octubre, miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazar tanto la inseguridad como al nuevo gobierno de Jerí. Las manifestaciones terminaron en violentos choques frente al Congreso, con un muerto y más de un centenar de heridos.
Pese a las críticas, el mandatario defendió la decisión como “una acción necesaria para recuperar la paz y la confianza de los peruanos”.
“Empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad”, afirmó rodeado de su gabinete.
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