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Estados Unidos enfrenta su peor crisis de personas sin hogar: causas, contexto y desafíos
Estados Unidos, considerado la economía más grande del planeta, atraviesa en 2025 su peor crisis de personas sin hogar desde que existen registros oficiales. De acuerdo con datos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), más de 771,000 personas viven sin acceso a una vivienda estable en el país, marcando un récord preocupante. Es particularmente alarmante el aumento de familias con niños afectadas, pues se estima que cerca de 150,000 menores de edad se encuentran en situación de calle —una realidad difícil de conjugar con la imagen global de potencia consolidada que proyecta Estados Unidos.
Este fenómeno responde a una red de causas complejas y profundamente interconectadas. La principal es la crisis de vivienda asequible, que se ha intensificado en las últimas dos décadas. El incremento de los precios del alquiler y de la propiedad, junto a una drástica disminución de la construcción de viviendas sociales y falta de oferta suficiente, han vuelto inaccesible el mercado inmobiliario para millones. Un reciente informe de la National Low Income Housing Coalition (NLIHC) señala que, en ningún estado del país, el salario mínimo permite cubrir el costo promedio de un alquiler sin que el hogar deba destinar más del 30% de sus ingresos mensuales, el umbral recomendado internacionalmente para considerar una vivienda asequible.
A esta problemática se sumó el fin de las ayudas económicas asociadas a la pandemia de COVID-19. Entre 2020 y 2022, subsidios temporales y moratorias en desalojos —implementadas como respuesta de emergencia— permitieron contener parcialmente el crecimiento del número de personas sin hogar. Sin embargo, la eliminación de estas medidas expuso a muchas familias a un riesgo inminente de perder su vivienda, según confirma el HUD en su reporte de 2025.
Adicionalmente, el país enfrenta fuertes presiones migratorias y socioeconómicas. En grandes urbes como Nueva York y Los Ángeles, numerosos migrantes y refugiados —huyendo de la violencia, la pobreza o inestabilidad política en sus países— se encuentran ante obstáculos legales y dificultades para acceder a una vivienda digna, agravando así el déficit habitacional y la presión sobre los servicios sociales. De acuerdo con Migration Policy Institute, esta situación profundiza la desigualdad y la exclusión.
El debate sobre la respuesta gubernamental ha sido intenso. Las políticas implementadas durante la administración Trump en la capital, Washington D.C., como el despliegue de la Guardia Nacional y la criminalización de la mendicidad, han generado duras críticas de organizaciones sociales y expertos citados por el Washington Post. Estos actores argumentan que abordar la crisis desde la óptica de la represión oculta las raíces estructurales del problema y retrasa soluciones efectivas de fondo, que deberían enfocarse en salud mental, políticas de vivienda pública e integración social.
Frente a este contexto, figuras como Diane Yentel, presidenta de la NLIHC, insisten en la urgencia de una reforma integral del sistema de vivienda y atención social, que amplíe los subsidios, fortalezca la inversión en viviendas asequibles y considere el acceso prioritario a servicios de salud mental y adicciones. Experiencias internacionales como la de Canadá —que ha logrado contener sus cifras gracias a programas públicos combinados— muestran que otra salida es posible, siempre que exista suficiente voluntad política y compromiso social.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué implica el término ‘vivienda asequible’ en Estados Unidos y cómo se calcula?
La noción de “vivienda asequible” es fundamental para comprender la actual crisis habitacional en Estados Unidos. Se considera que un hogar vive en una vivienda asequible cuando no dedica más del 30% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler o la hipoteca. Este indicador es utilizado por organismos como el HUD y la NLIHC para evaluar el acceso real de las familias al mercado de la vivienda. Cuando los costos superan este umbral, aumentan los riesgos de endeudamiento excesivo, desalojos y, en última instancia, de situación de calle.
La falta de viviendas asequibles afecta especialmente a trabajadores con bajos ingresos, quienes a menudo enfrentan largas listas de espera para acceder a subsidios o viviendas públicas. Según informes citados previamente, esta brecha se ha ampliado cada año en las principales ciudades estadounidenses, generando tensiones sociales y económicas de alto impacto.
¿Por qué la criminalización de personas sin hogar ha generado debate en Estados Unidos?
La criminalización de la falta de vivienda consiste en aplicar leyes, ordenanzas o controles policiales que penalizan a quienes viven en la calle, ya sea prohibiendo dormir en espacios públicos o permitiendo arrestos por mendicidad. El despliegue de las fuerzas armadas —como la Guardia Nacional en la capital federal— ha sido objeto de polémica, ya que, según numerosas asociaciones civiles y reportajes del Washington Post, no soluciona la raíz del problema y puede incrementar la vulnerabilidad y el estigma hacia este grupo social.
Quienes critican estas políticas subrayan que la falta de vivienda es resultado de causas estructurales, no de conductas delictivas. Por ello, recomiendan que los recursos se orienten a medidas sociales y sanitarias, y no a la represión, ya que esta última sólo posterga o intensifica la crisis humanitaria presente.
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