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No solo Colombia ha limitado su colaboración con los órganos de inteligencia de EE. UU. por los bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe. El Reino Unido lo hace al menos desde hace un mes, reveló el 11 de noviembre un informe de la cadena ‘CNN’, que asegura que el Gobierno británico optó por no brindar información que pueda usarse para la detonación de objetivos en el Caribe, un modus operandi que organismos internacionales y expertos han tachado de “ejecuciones extrajudiciales”.
La decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, parecía enmarcada dentro de las crecientes tensiones diplomáticas bilaterales entre el Despacho Oval y la Casa de Nariño. Pero el mismo día que Colombia cortó sus relaciones en servicios de inteligencia con EE. UU., la cadena ‘CNN’, que citó fuentes del Gobierno británico, reveló que el Reino Unido había restringido hace “más de un mes” la información de esa índole compartida con Washington.
¿La razón? Los bombardeos contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe que ya dejan 76 muertos, según las cifras confirmadas por EE. UU.
La decisión del Gobierno británico, ahonda ‘CNN’, obedece a que “no desea ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, ya que considera que se trata de acciones “ilegales”.
Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases centradas en operaciones de inteligencia, comparte información estratégica con el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, con base en Florida, que trabaja para reducir el tráfico de drogas de sur a norte. Esta cooperación ha permitido a Estados Unidos localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera pueda interceptarlas.
Pero el cambio de la política de la Casa Blanca, tras el regreso de Donald Trump, hizo temer en Downing Street que la información compartida con Washington sirviera para identificar a objetivos en el Caribe para ser bombardeados, una táctica cuya legalidad eleva los cuestionamientos entre organizaciones internacionales y expertos.
Horas después de que la cadena estadounidense revelara la postura británica, Gustavo Petro ordenó “suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, como informó el martes 11 de noviembre en la plataforma X, donde añadió que la medida estará vigente “mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe“.
El presidente colombiano justificó la decisión al defender que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.
Trump asegura, sin pruebas, que los muertos en el mar eran “narcotraficantes”, incluso los ha tildado de “narcoterroristas”, mientras que en Trinidad y Tobago, Colombia y Venezuela hay familias que aseguran que sus allegados, dedicados a la pesca, murieron en esos ataques. En consecuencia, Petro ha pedido que se investigue al mandatario estadounidense por “crímenes de guerra”.
La posición compartida entre Reino Unido y Colombia no solo sugiere una fractura no solo en la alianza estadounidense, sino también en el andamiaje de la cooperación internacional para la seguridad en la región.
¿El fin de tres décadas de cooperación antidrogas?
Colombia ha sido históricamente el aliado más confiable de Washington en el control de rutas de cocaína, desde los tiempos del llamado Plan Colombia, el acuerdo de cooperación firmado entre ambos gobierno en el año 2000 para financiar el combate contra los carteles.
A partir de entonces, los órganos de inteligencia colombianos han mantenido un flujo de información estratégica sobre rutas, laboratorios y financiamiento de los grupos narcotraficantes, lo que ha permitido a EE. UU. evitar múltiples desembarcos de alijos de droga en sus costas y ejecutar operaciones contra el crimen.
Un freno en el intercambio de datos entre ambas naciones daría a los carteles transnacionales mayor margen para operar, lo que podría sentirse en ciudades fronterizas estadounidenses como Miami, Houston y San Diego, o en las ciudades costeras de los países productores en Suramérica.
Pero también detendría el flujo de información que, según las estimaciones de las fuentes británicas, habría servido para lanzar ataques contra embarcaciones en el Caribe y Pacífico. Hasta ahora, el Gobierno de Donald Trump sigue sin mostrar públicamente pruebas que demuestren que esos navíos transportaban drogas.
Al interior del territorio colombiano, las fuerzas de seguridad que cooperan con la Administración estadounidense temen algunos efectos colaterales de la decisión. Fuentes del sector de la defensa citadas por medios locales advierten que el impacto no se sentirá solo en el Ejército, sino también en la Policía Judicial y agencias de investigación criminal.
Cortar los lazos entre los órganos de inteligencia de Colombia y EE. UU., implicaría para el país latinoamericano la pérdida de acceso a inteligencia de alta precisión, tecnología avanzada y apoyo logístico estadounidense, componentes que han sido determinantes en la lucha antinarcóticos.
La tensión bilateral entre Washington y Bogotá suma varios capítulos. En enero de 2025, días después del regreso de Trump a la Casa Blanca, el republicano impuso sanciones arancelarias del 50% a productos colombianos como represalia contra Petro, quien se negó a aceptar aviones con connacionales deportados desde EE. UU. Esa crisis fue resuelta temporalmente, pero dejó clara la volatilidad de una relación que pronto sufriría nuevos choques.
El pasado septiembre, la Casa Blanca ordenó la descertificación de Colombia al interpretar que el actual Gobierno “no ha conseguido cumplir sus obligaciones para el control de drogas”.
Un mes más tarde, Gustavo Petro y miembros de su círculo cercano —incluido su hijo mayor y su esposa— fueron incluidos en la llamada “lista Clinton“, un mecanismo reservado para personas naturales y jurídicas consideradas colaboradoras del narcotráfico.
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“Ejecuciones extrajudiciales”, según HRW y la ONU
Desde el primer bombardeo a inicios de septiembre, el Pentágono ha confirmado al menos 19 ataques contra presuntas “narcolanchas”, que Washington justifica como parte de su estrategia global contra el narcotráfico bajo lo que denominó “Operación Iron Tide”.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, defiende que los ataques pretenden “eliminar a los terroristas de los carteles que amenazan a Estados Unidos”, pero, de nuevo, sin aportar evidencia pública del origen, pertenencia o cargamento de las embarcaciones impactadas.
“Ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente”
En medio del creciente número de víctimas mortales y la escasez de información oficial, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que los bombardeos “y su creciente costo humano, son inaceptables” por lo que exhortó a Estados Unidos a “ponerles fin” e investigar los hechos.
Türk calificó las muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, rechazando categóricamente el argumento estadounidense de que estas operaciones se enmarcan en el derecho internacional humanitario aplicable a conflictos armados.
“Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional”, señaló la ONU en un comunicado.
En la misma línea, la directora de Human Rights Watch (HRW) en Washington, Sarah Yager, sostuvo que “el problema del narcotráfico hacia Estados Unidos no constituye un conflicto armado y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”. Yager se unió a las voces que condenan la ilegalidad de los bombardeos al acusar a EE. UU. de “matar de forma sumaria”.
HRW ha pedido a Washington que “cancele de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales” y que garantice “que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”
La consternación se extiende. Francia condenó la política de Washington a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. El martes 11 de noviembre, durante la cumbre del G7 en Canadá, Barrot afirmó que su Gobierno observa “con preocupación las operaciones militares en el Caribe, ya que ignoran el derecho internacional”.
El ministro incluso comparó la política antidrogas de Francia —que tiene presencia en el Caribe a través de territorios de ultramar donde residen más de un millón de sus ciudadanos— con la de EE. UU., al asegurar que los medios militares movilizados por el Elíseo se ejecutan “en estrecha cooperación con los países afectados”, limitándose a “abordar y detener barcos, nunca a atacarlos”.
Asimismo, medio centenar de países rechazaron el pasado domingo 9 de noviembre en una declaración conjunta el “uso de la fuerza” que contradice al derecho internacional, sin mencionar directamente a EE. UU., durante una cumbre en Colombia entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).
Los ataques comenzaron en el sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela, pero recientemente se han desplazado al Pacífico oriental, donde Estados Unidos ha atacado barcos frente a las costas de México.
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Con Reuters, EFE y medios locales
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