Serán más de 10.000 millones de dólares que le permitirán al gigante alemán “cerrar aproximadamente el 75% de los actuales casos de litigio relacionados con Roundup, que representa aproximadamente 125.000 demandas”, explicó Bayer en un comunicado.
El acuerdo “permitirá cerrar un largo periodo de incertidumbre”, celebró congratuló Werner Baumann, su director general, citado en el comunicado. Según él, esto “resuelve las reclamaciones actuales y sitúa un mecanismo claro para gestionar los riesgos de posibles litigios futuros. Es razonable desde el punto de vista financiero respecto a los importantes riesgos financieros que implicaría un contencioso durante varios años”, sin hablar de los daños a su “reputación”.
“Bayer debe pagar entre 8.800 y 9.600 millones de dólares para resolver el litigio, y 1.250 millones de dólares (…) para resolver futuros litigios”, precisó el comunicado.
El grupo alemán perdió sus tres primeros juicios relacionados con el principal ingrediente del Roundup, el glifosato, en Estados Unidos, procesos que no han sido incluidos en este acuerdo, y que Bayer asegura que seguirá contestando mediante apelaciones.
Bayer compró en 2019 a su rival Monsanto por 63.000 millones de dólares. Desde entonces ha tenido que lidiar con todas las demandas que esa compañía tenía en su contra por el pesticida. Sin embargo, asegura que el perjuicio para la salud humana no ha podido ser demostrado ante ningún tribunal desde que empezó a ser comercializado, en los años 1970.
El gigante alemán precisó que estos acuerdos y otros de menor importancia financiera, “no contienen ningún reconocimiento de responsabilidad o falta”. Además llevará “también los debates sobre inocuidad y utilidad de los herbicidas a base de glifosato a la arena reglamentaria y al marco de la ciencia”.
Esto no terminará de todas maneras las polémicas sobre el RoundUp, clasificado en 2015 como “cancerígeno probable” por el Centro internacional contra el Cáncer (Circ), instancia de la OMS, y el glifosato.
En Colombia, el gobierno de Iván Duque ha manifestado que buscará volver a implementar el uso del glifosato para el control de cultivos ilícitos; un debate que la Corte Constitucional ha estado tratando de dirimir.
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