Esta es la agenda de los dos candidatos que este domingo se disputan la presidencia de Colombia.
Faltan pocas horas para que el país sea convocado de nuevo a las urnas para la segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Entre Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se elegirá el próximo mandatario que, entre otras cuestiones, tendrá una agenda importante en temas de paz.
Por ejemplo, el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y también a las recomendaciones que dejará la Comisión de la Verdad en el Informe Final que presentará el próximo 28 de junio. También poner ojo a la seguridad, especialmente con el fortalecimiento de grupos armados. Además, tendrá en el Congreso, los elegidos en las 16 curules de paz, destinadas para que las víctimas de las zonas más azotadas por la guerra tuvieran representatividad política.
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¿Tienen una agenda de paz ambas fórmulas presidenciales? ¿Qué dicen en sus programas de Gobierno al respecto? Hace unas semanas hicimos este ejercicio y aquí algunas de sus propuestas.
Gustavo Petro y Francia Márquez
En su programa de gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez dedican un eje completo a la construcción de paz y prometen “recuperar el tiempo perdido” en la implementación del Acuerdo y “hacer realidad lo pactado en toda su extensión”. Además, hacen especial énfasis en que “cesará la violencia contra los firmantes de paz”, que desde el inicio del gobierno Iván Duque hasta el pasado 4 de junio ya sumaban 245 asesinados, según datos de Indepaz.
Sobre el punto de reforma rural integral, incluido en el Acuerdo de Paz, lo incluyen como lo que han denominado en ese programa como la “democratización de la tierra”, que contempla el impulso el proceso del catastro multipropósito, fortalecer el Fondo de Tierras y crear la jurisdicción agraria. Priorizarán a la mujer rural en la titulación de tierras.
Además, prometen sacar adelante las 32 mil iniciativas en los 170 municipios PDET. También consolidarán una “política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz”, establecido en el punto 2 del Acuerdo.
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Sobre el punto de víctimas, cuanto al Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), que el país conocerá el próximo 28 de junio, el programa de esta fórmula presidencial, afirma que espera convertirlo “en patrimonio de la nación” y asegurará su difusión “sin barreras ni censuras”. Además, afirma que “respetará y creará las financieras, de seguridad y protección para que la CEV culmine su labor durante 2022″. Esto porque la Comisión tendrá dos meses más de funcionamiento para la difusión del Informe Final.
En ese mismo sentido se pronuncia sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Museo de Memoria de Colombia. “Nuestro gobierno no escatimará esfuerzo para que el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cumpla su cometido y los mandatos legales y constitucionales”, dice el programa.
Petro y Francia planean retomar el diálogo con el Eln, con “lecciones aprendidas del Acuerdo con las Farc” y desmantelar de manera pacífica “los grupos sucesores del paramilitarismo y articulados al narcotráfico” mediante sometimiento judicial. También pretenden reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En otro de los puntos afirman que cesarán la violencia contra los firmantes de paz y reestructurarán la Unidad Nacional de Protección para prevenir los ataques contra líderes.
En cuanto al tema de drogas, aseguran que cambiarán “el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación”. En línea con el Acuerdo, proponen una solución con tres abordajes: el consumo como un tema de salud pública, la sustitución del proceso productivo y comercial de la coca “sin criminalizar a cultivadores”, y el sometimiento judicial de las organizaciones ligadas al narcotráfico. Añaden que su gobierno “impulsará la regulación de las plantas y sus usos derivados” y prohibirá la aspersión aérea con glifosato.
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Rodolfo Hernández y Marelen Castillo
Este programa no tiene un apartado específico de construcción de paz, pero asegura que promoverá y hará evidente la voluntad de la implementación del Acuerdo con las Farc. Sobre la seguridad de los reincorporados, indica que se les brindará “el trato más digno, razón por la cual la fuerza pública se ocupará de defender a los firmantes que siguen con la voluntad de legalidad, sus vidas y sus negocios”.
Rodolfo Hernández no menciona la reforma rural integral ni los PDET, pero promete implementar el catastro multipropósito y “modernizar y formalizar el campo, partiendo de la perspectiva de que es el motor del trabajo”.
Además, propone crear el “mercado campesino”, en el que se podrán eliminar las barreras de comercialización que dan pie a la “intermediación de especuladores”. También desarrollar una política de inversión en el campo, que incluye “entrega de la tierra titulada a la población rural, para que sea productiva, y hacer cumplir las normas de restitución”.
La visión de esta dupla presidencial sobre la seguridad tiene como núcleo la generación de empleo y una política para acabar con el hambre. “No desconocemos la multiplicidad de factores de la inseguridad, hay intereses de todo tipo en el accionar criminal. Lo que afirmamos es que, de todas las formas a las que acudiremos para reducirla, el componente prioritario es la solidaridad. El bienestar disuade la violencia”, dice.
El programa de Hernández y Castillo reúne en un mismo eje la inseguridad urbana, la presencia de delincuencia organizada y las disidencias de las Farc, además de los asesinatos de líderes y lideresas sociales.
También propone una política de defensa nacional frente a todos estos aspectos, “que busque la estabilidad social de aquellas zonas en las que los actores armados ejercen control”.
Sobre el Eln, propone un otrosí para incluir a esta organización como firmante del Acuerdo de Paz con las Farc. “No se establecerán nuevas mesas de negociación que impliquen interminables conversaciones”.
En cuanto a las drogas, su programa menciona el cannabis como una alternativa de sustitución de cultivos de coca, “incidiendo en la reducción de la violencia al afectar la financiación de grupos armados al margen de la ley”. Hernández ha defendido la legalización de las drogas para que se convierta en un asunto de salud pública. Su programa no hace mayor referencia al tema de víctimas y solo menciona a la JEP en la aplicación de justicia contra la Fuerza Pública.
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