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Es probable que a finales de febrero los bogotanos noten una no tan cálida sorpresa en su factura de gas natural que, tradicionalmente, ha sido el servicio público más barato. Su precio aumentaría hasta 36 %, según anunció la semana pasada Vanti, la empresa que comercializa el combustible.
(Vea también: “Desde febrero” se verá aumento en Bogotá, Medellín y más ciudades grandes: preocupa mucho)
Y aunque para algunos sectores el aumento no provocará mayor problema (aunque cocinar les resulte más caro), sin duda los más afectados serán los 2,8 millones de personas de escasos recursos y a quienes se les dificulta, incluso, tener para consumir las tres comidas diarias. El impacto sería inminente, pero, ¿es este aumento un paso para engrosar el índice de pobreza, como lo dice la Alcaldía?
En Bogotá, nueve de cada diez personas en condición de pobreza usan gas natural en sus hogares, informó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo. Son 2.825.223 personas, y para el funcionario el aumento “elevaría hasta en 33 % el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de servicios públicos”. La preocupación también la expresó el alcalde Carlos Fernando Galán el fin de semana, al decir que “si el aumento es únicamente comercial, ya es grave, porque aumentarán los costos de producción en la industria. Si es residencial, el impacto será directo entre los más pobres. Hacemos un llamado al Gobierno: la transición energética debe tener el impacto social”, dijo desde Sumapaz.
De acuerdo con Vanti, el incremento en la tarifa llega “debido al aumento del precio de la molécula de gas natural y el mayor costo por la distancia del transporte, debido al cambio en las fuentes de suministro. Aunque el alcalde sostiene que no hay claridad de a quién impactará la medida, la empresa señaló en un comunicado que “la tarifa final para los usuarios residenciales, comerciales e industriales regulados de diferentes partes del país tendrán un incremento de hasta 36 % en sus facturas a partir de febrero”.
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