Se acabaron las ceremonias de grado en todo el país para evitar la propagación del COVID-19, pero no el cobro que hacen las instituciones educativas por certificar a sus graduandos; sin embargo, aunque algunas decidieron hacer descuentos por la emergencia, los estudiantes de otras universidades se quejan de haber pagado o estar a punto de pagar sus derechos como si nada estuviera pasando, informó Semana.

Es el caso de Lina Tovar, estudiante de la Universidad Sergio Arboleda; según ella, pagó cerca de 770.000 pesos como requisito para graduarse, lo mismo que hubiera pagado si el país no estuviera en crisis por el coronavirus. “Muchos no vamos a tener ceremonia de graduación y con toda seguridad eso tiene un valor en lo que nos cobran”, destacó en el medio.

Ante esta alerta, la universidad contestó, a través de su secretaría general, que el costo de los derechos de grado no está asociado a una ceremonia, sino a una labor de verificación notarial, custodia, seguridad y expedición, añadió la revista.

“Los valores pecuniarios relativos a tales derechos están asociados a la ejecución de los procedimientos administrativos, que se realizan de manera articulada durante más de 91 días, en los que intervienen cinco dependencias de la Universidad”, destacó Juan Carlos Cárdenas en Semana.

Lo mismo le pasó a una estudiante de la Universidad Militar, de acuerdo con el medio, a ella le cobraron 520.000 por graduarse, costo que se le hace muy elevado teniendo en cuenta la situación actual, pese a que le hicieron un descuento del 20 % del valor total.

Es de recordar que en plenaria de la Cámara de Representantes será debatido un proyecto de ley con el cual se pondría una restricción a las instituciones educativas respecto al monto que cobran por los derechos de grado a sus estudiantes.

El texto señala que los costos para poder llevar a cabo la entrega del diploma de grado que acredita a la persona como profesional, deberían reducirse del 20 % al 10 % en las universidades privadas, mientras que en las públicas no podrán superar la variación de la inflación o costo de vida del año anterior; sin embargo, por la emergencia por el COVID-19 y las sesiones del Congreso retrasadas, lo estudiantes tendrán que esperar a que les llegue la solución.