La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de suspender la operación del terminal por supuestas irregularidades ambientales desató un duro enfrentamiento entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría y la empresa que opera el muelle.
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La Anla justificó la medida argumentando que el operador del muelle, con casi 30 años de actividad, no cumple con los estándares exigidos en materia de manejo ambiental. Según la autoridad, la suspensión estará vigente hasta que se presente un plan actualizado para mitigar los impactos ambientales identificados.
Pese a que la medida es temporal, ha sido calificada como “arbitraria” por el Grupo Portuario de Buenaventura, encargado de la operación del terminal desde hace casi 30 años.
Por qué hay 2.000 empleos en riesgo en muelle de Buenaventura
La paralización del muelle amenaza con dejar sin empleo a más de 2.000 personas, de las cuales 500 corresponden a empleos directos y el resto a empleos indirectos, explica El Tiempo.
Estas cifras reflejan la magnitud del impacto en una ciudad como Buenaventura, donde el 90 % de los trabajadores del puerto son residentes locales.
De concretarse esta pérdida de empleos, más de 10.000 personas, incluyendo familias dependientes, enfrentarían dificultades para acceder a necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, aseguró Luis Felipe Henao, abogado del Grupo Portuario en el periódico.
El impacto no se limita al ámbito laboral. Actualmente, hay 90.000 toneladas de carga varadas en las bodegas del terminal, incluyendo productos esenciales como cereales y fertilizantes.
Además, varios programas sociales que dependen de los ingresos del puerto, y que suman más de 70.000 millones de pesos, podrían quedar sin financiamiento si el muelle no continúa su operación.
Qué dijo Gustavo Petro sobre suspensión a muelle 13
En respuesta a la medida, la Procuraduría General visitó las instalaciones de la Anla y solicitó explicaciones detalladas sobre la resolución que afectó al muelle 13.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la gestión del terminal, citando preocupaciones sobre condiciones de salubridad. Según afirmó, la presencia de palomas contaminando los granos almacenados podría exponer a la población a enfermedades como la toxoplasmosis, con graves riesgos para mujeres embarazadas y sus bebés.
El Grupo Portuario, sin embargo, remarcó la desproporcionalidad de la medida. “La interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, afecta tanto a importadores como a exportadores, paralizando un servicio público esencial para la economía del país”, señaló en un comunicado.
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