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La plenaria del Senado dio un nuevo paso en la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 al aprobar un primer bloque de 65 artículos que no tenían proposiciones pendientes. La votación se produjo después de varias horas de debate sobre el proyecto de gasto público y en medio de fuertes diferencias entre el Gobierno y sectores de la oposición sobre el estado de las finanzas públicas.
El paquete inicial de artículos recibió 60 votos favorables y 17 en contra, lo que permitió continuar con el trámite legislativo de la iniciativa. Tras esta decisión, los congresistas siguieron con el estudio de las disposiciones que cuentan con proposiciones y observaciones específicas, las cuales deben ser discutidas de manera individual.
Durante la jornada, uno de los principales temas de discusión fue la situación fiscal del país. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el proyecto presupuestal y señaló que el Gobierno está enfrentando un desequilibrio significativo entre ingresos y gastos.
Según explicó el funcionario, el Estado recibe actualmente cerca de $29 billones al mes, mientras que sus gastos alcanzan aproximadamente $40 billones mensuales. De acuerdo con sus cálculos, esto genera un déficit cercano a $11 billones cada mes, situación que, en su concepto, obliga a adoptar medidas para corregir las finanzas públicas.
El ministro también sostuvo que el país enfrenta crecientes presiones asociadas al pago de la deuda pública. En ese contexto, explicó que el presupuesto para 2027 contempla menores recursos para inversión y una mayor destinación de recursos al servicio de la deuda, aspecto que, según indicó, limita el margen de maniobra del Gobierno en otras áreas.
Durante su intervención, Gómez reiteró que el proyecto presupuestal busca ajustarse a una realidad fiscal más exigente. Señaló además que la proyección de ingresos corrientes fue modificada de $309 billones a $299 billones, con el propósito de reflejar estimaciones que, según el Ministerio de Hacienda, son más cercanas al comportamiento esperado de la economía y del recaudo.
Otro de los puntos expuestos por el jefe de la cartera económica fue el crecimiento previsto en las obligaciones financieras del Estado. El funcionario indicó que el servicio de la deuda aumentaría 48% en 2027 y que una parte importante de la financiación del presupuesto dependerá de recursos provenientes de crédito externo.
Asimismo, el ministro cuestionó la dispersión de recursos en distintos fondos y entidades públicas, argumentando que una revisión de esos mecanismos podría contribuir a una utilización más eficiente del gasto estatal.
En medio del debate, Gómez insistió en que el país debe adoptar decisiones para corregir el deterioro de las cuentas públicas y advirtió que, de mantenerse las tendencias actuales, podrían presentarse dificultades para sostener algunas obligaciones del Estado y financiar determinados servicios públicos.
Las afirmaciones del ministro fueron controvertidas por sectores del Congreso. La senadora Carolina Corcho cuestionó la lectura que hace el Gobierno de la situación económica y sostuvo que los indicadores recientes no respaldan la idea de una crisis inminente.
La congresista destacó resultados como el crecimiento económico registrado recientemente, la reducción de los niveles de pobreza y la evolución del mercado laboral. Además, rechazó las advertencias sobre una supuesta situación crítica de las finanzas públicas y defendió el manejo fiscal llevado a cabo en los últimos años.
Corcho también expresó reparos frente a algunos planteamientos de austeridad y cuestionó la forma en que se han distribuido determinados recursos del presupuesto nacional.
Mientras el Senado avanzaba con la discusión del articulado, en la Cámara de Representantes continuaba la expectativa por retomar el análisis de la iniciativa, en una jornada considerada clave para definir el futuro del Presupuesto General de la Nación de 2027.
El debate entra ahora en una fase decisiva, en la que el Congreso deberá resolver las diferencias existentes sobre el tamaño del presupuesto, las fuentes de financiación y las medidas que el Gobierno considera necesarias para enfrentar los desafíos fiscales de los próximos años.
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