Sin embargo, Rappi aclaró que, frente a la orden administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), analizará los argumentos e interpondrá los recursos estipulados por la ley que considere pertinentes.
Vale destacar que la SIC determinó que contra su acto administrativo de formulación de cargos no procede recurso alguno.
Específicamente, la SIC le exigió a la plataforma ajustar sus cláusulas porque podrían afectar los derechos de los consumidores, pues en ese documento limita la responsabilidad del proveedor respecto de las obligaciones que por ley le corresponden, involucra la renuncia de derechos del consumidor, presume su manifestación de voluntad y restringe la posibilidad de hacer efectivas las garantías o entrega de vueltas exactas.
“Rappi es respetuosa de las decisiones tomadas por las autoridades de control colombianas, acatará sus órdenes e implementará las medidas respectivas”, mencionó la compañía.
La autoridad también le pidió a la firma que informe en su plataforma el precio total de los productos, incluyendo todos los impuestos, costos y gastos, sin que sea posible la modificación posterior al momento de aceptar la orden de compra dada por el consumidor.
De no cumplir con estas medidas en los próximos 30 días, Rappi tendría multas hasta por 828 millones de pesos.
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